(06 DE MAYO, 2024) Por J. Jesús Esquivel.
Justicia selectiva
Washington – En las últimas semanas y con una frecuencia inusual, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha dado cuenta de encauzamientos judiciales y sentencias de personas involucradas en el tráfico ilegal de armas a México.
Esas noticias que pasan desapercibidas en los medios de comunicación estadunidenses tienen un denominador común: todos los involucrados, aunque ciudadanos de Estados Unidos, son de origen latino o hispano.
Llama la atención que, por ejemplo, la semana pasada el Departamento de Justicia resaltara la sentencia de María Tapia Aguilar, quien intentó meter a México por el estado de Texas, 3580 balas para rifles y pistolas de 7 diferentes calibres. Tapia Aguilar recibió una condena de 51 meses de cárcel más tres años de libertad condicional.
Un par de días después, el Departamento de Justicia informó que Ángela Ruby Ponce, Óscar Axel Flores y Mario Alberto Tovar,
fueron acusados formalmente de tráfico de armas y de ser proveedores del Cártel de Noroeste, al que le vendieron por lo menos una docena de rifles.
En el papel se percibe un buen gesto del gobierno de Estados Unidos para combatir al trasiego de armas que en México se traduce en cientos de homicidios anuales ligados al crimen organizado y narcotráfico.
La realidad de los anuncios del Departamento de Justicia es que nunca mencionan a las armerías que venden las municiones y armas a los traficantes y omiten señalar a los involucrados de origen sajón. Una justicia selectiva es la que el gobierno de Estados Unidos nos quiere vender como batalla campal contra el tráfico de armas.
Guarachinton pretende dorarnos la píldora, como dirían mis padrinos, los hijos del Averno al leerle esas noticias al sagradísimo Chamuco.
En el último mes, este tecleador ha contado por lo menos 14 comunicados de prensa del Departamento de Justicia sobre condenas y encauzamientos a traficantes de armas en Texas y Arizona.
En esos informes todos los malos son de origen latino. ¿Y los sajones?, ¡bien, gracias! Haciendo millones de dólares con sus armerías y fábricas de municiones, rifles y pistolas semiautomáticas.
Si el Departamento de Justicia quiere ayudar a México a menguar el reguero de sangre por las armas gringas, que ataque directamente a la raíz del problema. Que encauce judicialmente a los dueños de las armerías que vendieron su mercancía a los traficantes latinos.
Esos proveedores son conscientes de que las armas y municiones que venden indiscriminadamente tienen como destino a criminales mexicanos y en especial a los narcotraficantes.
Desde el escándalo de Rápido y Furioso, el gobierno federal de Estados Unidos no toca ni con el pétalo de una amapola a los verdaderos causantes y beneficiarios del tráfico ilegal de armas a México: los vendedores y fabricantes del arsenal.
