(13 DE JULIO 2022) Por Violeta Vázquez Rojas Maldonado.
“Este gobierno no es de izquierda” y otros reproches de la derecha
Una de las recriminaciones más comunes contra el gobierno de López Obrador es que, según sus críticos, no es de izquierda, a pesar de que muchos de sus simpatizantes lo conciben como tal. La verdad es que el término “izquierda” cubre un espectro amplio de posturas políticas que pueden tener objetivos, ideologías y motivaciones de lo más diversos, pero que al menos podrían identificarse por un denominador común: el propósito de instaurar un Estado de bienestar. El desmantelamiento orquestado del Estado de bienestar ha sido, como lo vimos en los últimos cuarenta años, definitorio de las derechas.
Los reproches sobre el “no-izquierdismo” del gobierno se basan no sólo en destacar algunas políticas que -con o sin fundamento- se pueden considerar conservadoras, sino en omitir del panorama todas las políticas y prácticas que tengan efectos en la reducción de las desigualdades o que reivindiquen los derechos de la clase trabajadora. Una de ellas, por ejemplo, es la dada a conocer la semana pasada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social: en 2021, el reparto de utilidades que las empresas pagaron a sus trabajadores pasó de 87,645 a 183,249 millones de pesos, es decir, se incrementó en 109%. El aumento es histórico y se debe a cambios en la legislación y en las prácticas de supervisión que se implementaron con este gobierno, pero en los medios fue poco difundido.
La participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa, o PTU, como la llaman, es un derecho laboral conquistado y asentado desde la Constitución de 1917 en el artículo 123. La lógica es simple: el trabajador contribuye a generar las ganancias de la empresa, por lo tanto, tiene derecho a recibir una parte de ellas -esto de manera independiente a su salario, con el que se devengan las horas trabajadas-. Recordemos que, para maximizar sus ganancias, las empresas tienden a pagar a los trabajadores menos de lo que realmente producen. Si la diferencia entre el salario que recibe el trabajador y la ganancia que contribuye a obtener queda totalmente en manos de la empresa, sería, por decirlo de manera franca, como si esa parte del trabajo fuera “robado”. La obligatoriedad del reparto de utilidades aminora la cantidad que se queda en manos del patrón y es un acto mínimo de justicia laboral. En México, por ley, las empresas deben repartir el 10% de sus ganancias entre sus trabajadores (con algunas excepciones establecidas en la Ley Federal del Trabajo).
A pesar de estar garantizado en la ley, durante años, y con la permisividad de las autoridades, las empresas encontraron recursos legales para darle la vuelta a sus obligaciones y evadir el reparto de utilidades. Uno de ellos fue el de la subcontratación, u outsourcing, prohibido en México desde 2021. La subcontratación, como bien sabemos, consiste en que un trabajador es contratado por una empresa pero trabaja para otra. En esta última empresa su trabajo genera utilidades, pero como no está contratado por ella, no tiene derecho al reparto. Al mismo tiempo, la empresa con la que firma contrato puede reportar ganancias nulas o escasas, o ser de creación reciente y, por lo tanto, se exime también de repartir ganancias al trabajador.
Para entender mejor el derecho a la PTU, así como su implementación en esta administración, hablamos con Luis Munguía, economista y presidente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, una de las dependencias que da seguimiento a los resultados del reparto de utilidades. Transcribo a continuación unos extractos de la entrevista que nos concedió por escrito.
¿Cuál es la base ideológica / política en la que se sustenta este derecho?
“El derecho al reparto de utilidades se sustenta en una ideología de protección de derechos laborales y data desde 1917 en México. La Constitución de 1917 fue sumamente progresista y con un gran énfasis en los derechos sociales; por ejemplo, en el texto original también se estableció la figura del salario mínimo, cosa que muy pocas constituciones en ese entonces protegían.
El problema fue que llegó un momento en que, con el afán de ser “competitivos” y atraer inversión, se dejó de lado el impulso de estos derechos laborales; seguían existiendo, pero se encontraron mecanismos para limitarlos, por ejemplo, permitiendo la subcontratación o dando incrementos al salario mínimo por debajo de la inflación”.
¿Crees que en el futuro se deba modificar la ley para que ese reparto sea mayor?
“Actualmente la PTU corresponde a 10%. Ya existen los mecanismos en la Ley Federal del Trabajo para que el reparto se incremente. Al igual que con el salario mínimo, hay una comisión nacional con representantes del gobierno, empresarios y trabajadores que determina ese porcentaje, y si existen los acuerdos para incrementarlo, se podría hacer, pero debe haber un diálogo tripartito”.
¿A qué modelo (con un ejemplo concreto de país) deberíamos acercarnos en este ámbito?
“El modelo obligatorio de México se sigue en otros países de Latinoamérica, donde lo que cambia es el porcentaje; por ejemplo, en Perú es de entre 5 y 10%, dependiendo del sector para empresas con más de 20 trabajadores, pero el máximo a repartir es 18 veces el salario mensual. En Chile se tienen dos modalidades, repartir el 30% de las utilidades netas u otorgar 25% de la remuneración anual del trabajador con un tope de 4.75 el ingreso mínimo mensualizado. En países desarrollados varía. Por ejemplo, Francia obliga a las empresas con más de 50 empleados a repartir utilidades y tienen una fórmula estándar para hacer el cálculo que considera además variables financieras, salarios y valor agregado, pero también se puede dar a partir de negociación colectiva al interior de cada empresa. En Estados Unidos no hay obligación, pero el gobierno lo recomienda. Y en otros países el reparto de utilidades es una condición que se negocia desde los contratos colectivos.
La ventaja del modelo que se aplica en México es que el porcentaje a repartir nace del diálogo social entre gobierno, empresas y trabajadores, lo cual siempre es preferible.”
La STPS sostiene que el mayor incremento en el reparto de utilidades de este año se vio justamente en las empresas que antes recurrían más al outsourcing. ¿Crees que la recuperación económica también haya contribuido a este incremento inusual?
“El 2021 fue un año atípico porque, efectivamente, fue un año de recuperación económica, lo que puede explicar que el monto de utilidades se incrementara, y además se tuvo este cambio legal, por lo que separar los efectos es difícil, pero es muy claro el incremento en el número de trabajadores que este año se beneficiaron, de eso no hay duda. También es importante tomar en cuenta que aunque hubo una recuperación en la economía, es muy poco probable que las utilidades se hayan incrementado 109%, por lo que la subcontratación probablemente explica en mayor medida la repartición que hubo de las utilidades. No sabemos qué pueda pasar en años subsecuentes, lo más probable es que la PTU crezca porque la economía seguirá creciendo, las empresas podrían volverse más productivas y aumentar sus utilidades, pero habrá que esperar. Sobre todo, porque el mayor incremento se dio este año, por el cambio del marco legal. Lo que es una realidad es que con el cambio legal este año más trabajadores recibirán PTU y así seguirá en los próximos años”. — A fin de cuentas, una discusión sobre qué tan de izquierda o de derecha sea un gobierno no depende de nuestra simpatía por él, sino de las políticas reales que implementa y de cómo contribuyen éstas, entre otras cosas, a la justicia social. El tema del reparto de utilidades seguramente dará para debates más profundos, pero por lo pronto, creemos, no puede soslayarse cuando se trata de evaluar el compromiso de un gobierno con los trabajadores.
Por ahora, cerramos con esta información práctica: si eres trabajador o trabajadora de una empresa que genera ganancias y no has recibido tu reparto de utilidades o necesitas asesoría, puedes acercarte a Profedet.
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