En CDMX, siete mil 620 agresores de mujeres han sido vinculados a proceso desde 2019: FGJCDMX

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(26 DE MAYO, 2022).- De acuerdo con la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos, de enero de 2019 a marzo del presente año, se han vinculado a proceso a siete mil 620 agresores de mujeres, lo que incluye todos los casos de violencia de género, que van desde acoso y abuso sexual, violación, violencia familiar, hasta el más atroz de los delitos que es el feminicidio-.

La titular señaló que en la capital del país se trabaja por la seguridad y por una vida libre de violencia en contra de mujeres, niñas y adolescentes, además de que la Alerta por Violencia contra las Mujeres, ha permitido establecer estrategias y acciones interinstitucionales, transversales e integrales para tener la posibilidad de evaluar los resultados.

Como parte del Informe de resultados de la Declaratoria de Alerta por Violencia Contra las Mujeres de la Ciudad de México, llevadas a cabo en la Secretaría de Gobernación (SEGOB), y en el Banco de ADN de la CDMX, la abogada de la ciudad manifestó que la Alerta es una coordinación diaria y trabajo conjunto con organizaciones de víctimas y de la sociedad civil.

Señaló que “la Alerta significa capacitación, sensibilización y controles constitucionales, para que las personas servidoras públicas atendamos adecuadamente a las mujeres víctimas de violencia”.

La fiscal destacó que se ha conseguido una disminución significativa en los casos de feminicidio, y un aumento en los agresores detenidos y vinculados a proceso. Menos feminicidios y más responsables detenidos, puntualizó Ernestina Godoy.

La titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México resaltó que en muchos casos ha sido posible reclasificar muertes que se habían considerado como suicidios para investigarlos como feminicidios.

Asimismo, se han reclasificado 14 carpetas de investigación, con lo que se busca erradicar la violencia contra las mujeres, pero también visibilizar esos casos y se ha conseguido aumentar en 171 por ciento el acceso a la justicia de las víctimas de feminicidio, debido a una política de persecución penal especializada y que se refleja en los hechos.

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