(20 DE OCTUBRE, 2021) Por Violeta Vázquez Rojas.
El 15 de octubre venció un plazo importante, y si no se dio usted cuenta fue precisamente porque estaba diseñado para no notarse. Ese día era el último para que los ciudadanos como usted o yo enviaran al INE el aviso de intención para ser aprobados por el Instituto como promoventes de la consulta de Revocación de Mandato.
Hace poco más de un año, cuando se emprendió la recolección de firmas para solicitar la Consulta Popular conocida como “de juicio a expresidentes”, esta parte del proceso no existía. Había un formato, disponible en internet para quien lo quisiera bajar e imprimir, con el que cualquiera de nosotros podía salir a recolectar las firmas y números de credencial de elector de familiares, amigos y vecinos; o colocarse en algún lugar público y recoger las firmas de los transeúntes. En esa ocasión era necesario sumar el equivalente al 2% de la lista nominal: 1,827,594 firmas. Los ciudadanos y ciudadanas provistos de sus formatos descargables lograron reunir 2,538,048, de las cuales 2,116,837 –es decir, 2.32% del padrón– fueron validadas por el INE.
Esta vez será distinto. Para lograr la consulta de Revocación de Mandato, la Constitución impone condiciones más severas: se requiere reunir 3% de la lista nominal y que esta cantidad incluya el 3% del padrón de por lo menos 17 estados. Se habrán de reunir, pues, 2,845,378 firmas entre el 1 de noviembre y el 15 de diciembre de 2021. A esto se agrega la complicación –no expresada en la ley correspondiente– de que no cualquiera puede recolectar firmas, sino solamente aquellas personas cuya intención formal haya sido recibida y validada por el INE.
Otro cambio respecto de la solicitud de consulta popular pasada, también decidida por el INE, es que en la de Revocación de Mandato todas las firmas deberán ser recolectadas mediante una app. Sólo si se vive en alguno de los municipios que entran como “régimen de excepción” se podrá firmar en un formato de papel.
Esta es sólo la primera etapa del proceso, es decir, la de la solicitud para que se lleve a cabo la consulta. Después viene el proceso mismo de promoción de la consulta, en caso de que la solicitud llegue a buen término, y esa etapa tiene sus propias trabas, de las que hablaremos en su momento.
Hay una diferencia notoria entre el hecho de que cualquiera pudiera descargar un formato de captación de firmas y el que ahora se deba estar autorizado por el INE para tener acceso a la app oficial recolectora. En el primer caso, se contaba con una herramienta de distribución masiva del poder político, como diría acertadamente Julio Aibar. Cualquier ciudadano o ciudadana se podía sentir directamente parte del ejercicio democrático, entrar en contacto con otros ciudadanos y tejer esa cierta presencialidad que, a pesar de la pandemia, es tan necesaria para la vida pública. En este otro caso, añadido al hecho de que el umbral a alcanzar es mayor, el proceso está regulado por una institución que valida, por lineamientos propios, quiénes sí y quiénes no están autorizados para la recolección de firmas, lo que limita la capacidad y la libertad para participar de esa etapa crucial del proceso. Por si fuera poco hubo muy poca, si no es que nula, difusión respecto al plazo para registrarse (¿se enteró usted, amable lectora?).
El INE determina los tiempos y las formas, pero no los divulga –por cierto, el día que vencía el plazo para registrarse como promotor, los consejeros estaban ocupados presentando una vez más el libro “Yo, el pueblo. Cómo el populismo transforma la democracia” –. En la democracia participativa, el INE no es un garante, sino un intermediario. Experiencia nos sobra para saber que está más preocupado por entorpecer la participación ciudadana que por promoverla.
Hasta el cierre de la convocatoria, el INE había recibido los avisos de intención de casi 24 mil interesados que, si son aprobados, deberán recabar unas 120 firmas cada uno para alcanzar los casi tres millones que se necesitan. Nos corresponderá ir corriendo la voz y ubicando a las personas promoventes. Como en otras ocasiones, la ciudadanía tendrá que habérselas para conseguir que se lleve a cabo la consulta a pesar del INE y no con su ayuda.
Violeta Vázquez Rojas Maldonado es Doctora en lingüística por la Universidad de Nueva York. Profesora-investigadora en El Colegio de México. Se dedica al estudio del significado. Ha publicado investigaciones sobre la semántica del purépecha y del español y textos de divulgación y de opinión sobre lenguaje y política.
