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(17 DE NOVIEMBRE, 2026).-El proyecto prevé comenzar en 2027 con una prueba piloto para alrededor de 100 personas. Organizaciones humanitarias advierten sobre los riesgos para sus derechos y la falta de garantías públicas.
Alemania, Austria, Dinamarca, Grecia y Países Bajos negocian con Ruanda la creación de un centro de retorno para personas migrantes que no tienen derecho a permanecer en la Unión Europea (UE) y que ya agotaron las vías legales para impugnar su expulsión.

Durante una conferencia de prensa en Viena, el canciller austríaco, Christian Stocker, afirmó que los cinco países buscan poner en marcha el proyecto en 2027. Lo describió como un “cambio de paradigma verdaderamente histórico en la política migratoria”.
La iniciativa contempla trasladar a Ruanda a personas que no puedan ser devueltas a sus países de origen. Según los gobiernos participantes, una vez en territorio ruandés podrán integrarse a su sociedad, regresar voluntariamente a su país o trasladarse a otro donde tengan derecho legal de residencia.

El proyecto comenzaría como una prueba piloto con capacidad aproximada para 100 personas. De acuerdo con el gobierno neerlandés, la primera fase estará dirigida únicamente a hombres adultos solteros; los menores no acompañados quedarán excluidos.
Los cinco gobiernos sostienen que el mecanismo se ajustará a la legislación europea y al derecho internacional. También prevén colaborar con organismos internacionales, entre ellos la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
Un mecanismo de retorno fuera de la Unión Europea
El plan se enmarca en las nuevas normas de la Unión Europea sobre retornos, aprobadas por el Consejo del bloque el 1 de octubre de 2026. Estas disposiciones abren la posibilidad de establecer centros de retorno en países que no pertenecen a la UE, mediante acuerdos con sus gobiernos y bajo el cumplimiento de las normas internacionales de derechos humanos, incluido el principio de no devolución.

El ministro alemán del Interior, Alexander Dobrindt, uno de los promotores de la propuesta, sostuvo que el proyecto se diferencia del acuerdo que Reino Unido intentó establecer con Ruanda. Según explicó, el traslado se aplicaría a personas cuyas solicitudes de asilo fueron rechazadas y que agotaron sus recursos legales, no a quienes todavía esperan una resolución.
Los gobiernos participantes argumentan que el mecanismo permitirá aumentar las expulsiones y reducir la actividad de las redes de tráfico de personas. Stocker afirmó que buscan impedir que los traficantes se beneficien de los viajes peligrosos hacia Europa y aliviar la presión sobre los sistemas de asilo.
El gobierno de Países Bajos indicó que los países europeos cubrirán los costos del traslado y de la estancia temporal en Ruanda. Por su parte, el gobierno ruandés aseguró que las personas trasladadas podrán obtener residencia y acceder a servicios de salud, educación, empleo y al sistema legal.
Organizaciones cuestionan las garantías para las personas migrantes
La propuesta fue cuestionada por organizaciones humanitarias y de derechos humanos. Una declaración conjunta firmada por 47 agrupaciones de 15 países pidió a los gobiernos europeos abandonar el proyecto, al considerar que traslada a personas a un país con el que no tienen vínculos y aleja de la supervisión pública la responsabilidad sobre su seguridad y sus derechos.

Human Rights Watch también advirtió que Ruanda tiene antecedentes documentados de represión de la disidencia, detenciones arbitrarias y malos tratos en prisión. La organización cuestionó que los gobiernos participantes no presentaran una evaluación pública sobre las garantías de derechos humanos antes de anunciar la iniciativa.
Aunque los cinco países europeos prevén comenzar los traslados en 2027, los detalles del mecanismo todavía están en negociación. Su aplicación podría enfrentar cuestionamientos jurídicos sobre las condiciones de recepción, el acceso a mecanismos de protección y las garantías para las personas migrantes.






