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(12 DE NOVIEMBRE, 2026).-Por unanimidad, el pleno confirmó la constitucionalidad de los artículos 60 y 291 del Código Penal Federal. La Corte aclaró que una complicación o un resultado desfavorable no constituyen por sí mismos un delito.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó las disposiciones del Código Penal Federal que permiten imponer penas de tres a cinco años de prisión por lesiones permanentes ocasionadas de manera culposa, incluso cuando se producen durante la atención médica.
Por unanimidad de nueve votos, el pleno aprobó el proyecto de la ministra María Estela Ríos González y negó el amparo solicitado por un neurocirujano del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), quien impugnó los artículos 60, segundo párrafo, y 291 del Código Penal Federal.
El caso, correspondiente al amparo en revisión 257/2026, se originó después de que el especialista realizara dos intervenciones quirúrgicas en la columna vertebral de un paciente durante diciembre de 2017. Tras los procedimientos, el paciente presentó una disminución permanente de la movilidad de la pierna derecha.
Durante la primera operación, el médico colocó tornillos transpediculares y, en la segunda, realizada cinco días después, los recolocó. La Fiscalía General de la República (FGR) consideró que el neurocirujano se apartó de los procedimientos y cuidados exigidos por su práctica profesional, por lo que solicitó vincularlo a proceso por lesiones culposas.
La Corte sostuvo que la responsabilidad penal no surge automáticamente del ejercicio de la medicina, de sus riesgos inherentes o de un resultado desfavorable, sino cuando se acredita que el profesional incumplió un deber de cuidado que podía y debía observar y que esa conducta ocasionó una de las lesiones permanentes previstas en la legislación.
Protocolos clínicos, criterio para evaluar la actuación médica
En su defensa, el neurocirujano argumentó que las disposiciones impugnadas no describen con suficiente precisión las conductas que pueden constituir lesiones culposas. También sostuvo que recurrir al derecho penal resulta excesivo, pues existen mecanismos civiles y administrativos para atender posibles negligencias, además de que las sanciones podrían afectar su libertad de trabajo.
El pleno rechazó esos planteamientos. Determinó que la legislación no tiene que enumerar todos los errores que pueden cometerse durante la atención médica, pues los deberes profesionales pueden identificarse mediante las reglas técnicas de la medicina, las normas oficiales y los protocolos clínicos.
Estos instrumentos, explicó la Corte, permiten evaluar si existió un incumplimiento del deber de cuidado, pero no crean delitos ni amplían por sí mismos las conductas sancionables.
Asimismo, sostuvo que las normas buscan proteger la salud y la integridad física frente a lesiones permanentes graves. Por ello, consideró que las sanciones no penalizan los riesgos propios de la medicina ni restringen el ejercicio profesional.
La resolución tampoco establece que cualquier complicación quirúrgica o falta de recuperación constituya un delito: para atribuir responsabilidad debe probarse cuál era el deber concreto de cuidado, si el profesional estaba en condiciones de cumplirlo y si su incumplimiento produjo la lesión.
La SCJN no determinó que el neurocirujano fuera penalmente responsable ni resolvió de manera definitiva si cometió negligencia. El expediente fue devuelto al tribunal colegiado para que analice los planteamientos de legalidad pendientes, incluidos los relacionados con los datos de prueba que sustentaron su vinculación a proceso.
Al presentar el proyecto, la ministra María Estela Ríos no advirtió inicialmente los llamados del presidente de la Corte. Cuando se percató, ofreció una disculpa y comentó: “No es que esté enamorada, es que estaba distraída”, expresión que provocó risas entre sus colegas.
