Portada: El Fisgón
(12 DE NOVIEMBRE, 2026).-La intervención se realizó en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, área encargada de los procedimientos de contratación. Las investigaciones buscan esclarecer posibles irregularidades en la asignación de contratos a proveedores de materiales y documentación electoral.
Agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) realizaron una diligencia en las oficinas de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios del Instituto Nacional Electoral (INE), como parte de las investigaciones sobre posibles delitos relacionados con contratos a proveedores de materiales y documentación electoral.
De acuerdo con información de fuentes del instituto retomada por La Jornada, el operativo se llevó a cabo en la Torre Zafiro, ubicada en Periférico Sur 4124, en la colonia Jardines del Pedregal, Ciudad de México. La intervención habría estado a cargo de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, en coordinación con la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada.
La diligencia constituye una de las primeras actuaciones ministeriales reportadas dentro de las instalaciones del organismo electoral, luego de que la FGR iniciara investigaciones a partir de distintas denuncias, entre ellas las presentadas por el propio INE.
La Dirección de Recursos Materiales y Servicios forma parte de la Dirección Ejecutiva de Administración (DEA), área responsable de los procedimientos de adquisiciones, licitaciones y adjudicaciones del instituto.
Mario Alfonso Burciaga, entre los funcionarios relacionados con el caso
Hasta el 27 de octubre, la Dirección de Recursos Materiales y Servicios estuvo encabezada por Mario Alfonso Burciaga Esparza, quien dejó el cargo después de que se difundieran imágenes de una reunión social con José Alfredo Hernández Casillas, proveedor de materiales electorales, y otros funcionarios del INE.
Burciaga Esparza aparece en los videos y fotografías de una celebración organizada por Hernández Casillas, empresario vinculado con distintas compañías que han obtenido contratos de organismos electorales. La relación entre funcionarios y proveedores forma parte de los elementos que han generado cuestionamientos sobre los procedimientos de contratación del instituto.
En redes sociales también circuló un audio atribuido presuntamente a Hernández Casillas, en el que se le escucha hablar sobre cuándo y cómo debía anunciarse el fallo de la licitación para producir la credencial para votar.
El contrato correspondiente al periodo 2026-2031 fue adjudicado a un grupo integrado por Cosmocolor, Icard Solutions y Talleres Gráficos de México, por un monto de hasta mil 173 millones de pesos. La Jornada reportó que el INE planteó solicitar a la FGR que investigue el contenido de los materiales difundidos y lo contraste con los contratos, convenios, pagos y operaciones financieras.
La investigación alcanza a áreas administrativas del instituto
En la estructura administrativa del INE también coincidieron Burciaga Esparza y Jesús Octavio García González, quien fue nombrado encargado de la Dirección Ejecutiva de Administración en septiembre de 2025 por decisión de Guadalupe Taddei, entonces presidenta del organismo.
García González había tenido vínculos profesionales con empresas proveedoras de materiales electorales relacionadas con Hernández Casillas, de acuerdo con antecedentes publicados sobre la integración de la estructura administrativa del instituto.
La diligencia de la FGR se concentró en oficinas de la Torre Zafiro, donde se encuentran áreas administrativas y el Órgano Interno de Control del INE. De acuerdo con reportes de prensa, los agentes solicitaron información y revisaron equipos de cómputo relacionados con contratos y adquisiciones.
ASF y Órgano Interno de Control también investigan posibles irregularidades
Las actuaciones de la FGR se desarrollan de manera paralela a las revisiones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y del Órgano Interno de Control (OIC) del INE, que investigan posibles irregularidades administrativas en los procedimientos de contratación.
El pasado 6 de noviembre, el INE informó que presentó seis denuncias penales ante la FGR contra personas servidoras y exservidoras públicas, así como empresas, por la probable participación en hechos que podrían constituir delitos como uso ilícito de atribuciones y facultades, tráfico de influencias, ejercicio ilícito del servicio público y cohecho.
Por su parte, el OIC y la ASF revisan contratos otorgados a empresas vinculadas entre sí. El titular del órgano interno de control informó previamente que cinco compañías relacionadas por sus accionistas, representantes y apoderados recibieron contratos por 2 mil 461 millones de pesos entre 2014 y 2025, tanto del INE como de organismos públicos locales electorales.
Mientras la ASF y el OIC revisan posibles faltas administrativas y el manejo de recursos públicos, corresponde a la FGR determinar si los hechos denunciados constituyen delitos e identificar, en su caso, a las personas responsables.






