Sheinbaum pide investigar el fraude electoral de 2006 y los contratos electorales del INE

Shaddai
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Portada: Jerge

(11 DE NOVIEMBRE, 2026).-La presidenta cuestionó que se presente al organismo electoral como una institución sin antecedentes de irregularidades. También pidió esclarecer quiénes participaron en los contratos que derivaron en la formación de un monopolio de proveedores.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo consideró necesario investigar el proceso electoral de 2006, luego de que el expresidente Vicente Fox Quesada declarara que intervino para favorecer el triunfo de Felipe Calderón Hinojosa.

Durante su conferencia de prensa de este miércoles 11 de noviembre, la mandataria también pidió profundizar las investigaciones sobre los contratos electorales y determinar quiénes participaron en las presuntas irregularidades que involucran a proveedores del Instituto Nacional Electoral (INE) y organismos electorales estatales.

Sheinbaum cuestionó que, ante las denuncias recientes relacionadas con contrataciones y proveedores electorales, se presente al antiguo Instituto Federal Electoral (IFE) y al actual INE como instituciones sin antecedentes de controversias.

La presidenta recordó que el proceso de 2006 estuvo marcado por señalamientos de fraude electoral y que en 2012 también hubo denuncias de compra de votos.

“[El IFE] tiene por lo menos una mancha terrible que es el fraude electoral del 2006 y el INE tiene otras, como la compra de votos del 2012”, expresó.

La mandataria insistió en que las autoridades deben investigar a fondo a los proveedores, los contratos y los funcionarios que hayan participado en esas operaciones. También señaló la importancia de garantizar la organización de las elecciones de 2027 y revisar los mecanismos de contratación del sistema electoral.

La elección de 2006: 233 mil 831 votos de diferencia

La elección presidencial del 2 de julio de 2006 fue una de las más controvertidas de la historia reciente de México. Felipe Calderón, candidato del PAN, fue declarado ganador con 14 millones 916 mil 927 votos, frente a los 14 millones 683 mil 96 sufragios obtenidos por Andrés Manuel López Obrador, de la coalición Por el Bien de Todos.

La diferencia fue de apenas 233 mil 831 votos, equivalente a 0.56 puntos porcentuales.

López Obrador y su movimiento denunciaron un fraude electoral y señalaron cinco aspectos centrales: la intervención del entonces presidente Vicente Fox contra su candidatura; la campaña de propaganda que lo presentó como “un peligro para México”; los anuncios difundidos por organizaciones empresariales; presuntas irregularidades en actas, cómputos y paquetes electorales, y la negativa a realizar un recuento total de los sufragios.

El movimiento exigió el recuento bajo la consigna “voto por voto, casilla por casilla”. Sin embargo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) validó la elección y declaró presidente electo a Calderón.

En su resolución, el Tribunal reconoció irregularidades importantes, entre ellas la intervención del presidente Fox y la propaganda del Consejo Coordinador Empresarial (CCE). No obstante, determinó que no se acreditó que esas irregularidades fueran determinantes para modificar el resultado electoral.

Dos décadas después, las declaraciones de Fox volvieron a colocar el proceso en el debate público. El exmandatario afirmó que había hecho ganar a Calderón, aunque posteriormente explicó que se refería a haber impulsado a su correligionario mediante los resultados de su gobierno y negó haber cometido fraude.

El sexenio de Calderón y las consecuencias de la guerra contra el narcotráfico

La controversia electoral no fue el único episodio que marcó el gobierno de Felipe Calderón, entre 2006 y 2012. Su administración inició una estrategia de combate al narcotráfico con un despliegue de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, que tuvo consecuencias profundas en materia de violencia y derechos humanos.

En 2011, Human Rights Watch publicó el informe Ni derechos ni seguridad, en el que documentó casos de tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales atribuidos a integrantes de las fuerzas de seguridad en distintas entidades del país.

El organismo advirtió que las violaciones no podían considerarse hechos aislados y cuestionó los resultados de la estrategia de seguridad del gobierno federal.

A este contexto se suma el caso de Genaro García Luna, quien encabezó la Secretaría de Seguridad Pública durante el sexenio de Calderón. En febrero de 2023, un jurado federal estadounidense lo declaró culpable de cinco cargos relacionados con el narcotráfico y sus vínculos con el Cártel de Sinaloa. En octubre de 2024 fue sentenciado a 460 meses de prisión, equivalentes a más de 38 años.

La condena de García Luna confirmó judicialmente su colaboración con el Cártel de Sinaloa, pero no constituye por sí misma una sentencia contra Calderón ni acredita que el expresidente participara en esos delitos.

Morena plantea una comisión especial para investigar 2006

En paralelo a las declaraciones presidenciales, la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, anunció que su partido y su Grupo Parlamentario en la Cámara de Diputados solicitarán la creación de una Comisión Especial por la Democracia y la Verdad.

La propuesta busca investigar lo ocurrido en la elección presidencial de 2006, así como las declaraciones de Vicente Fox sobre su intervención para favorecer a Calderón.

Montiel también anunció que convocarán a la ciudadanía a aportar información sobre aquel proceso electoral y que solicitará la reproducción en San Lázaro del documental Fraude: México 2006, dirigido por Luis Mandoki.

La comisión todavía es una propuesta de Morena y no una instancia legislativa constituida. Su eventual creación abriría un nuevo espacio de discusión sobre las irregularidades reconocidas por el Tribunal Electoral y las denuncias que el movimiento de López Obrador ha sostenido durante dos décadas.

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