Portada: COP31
(11 DE NOVIEMBRE, 2026).-Este lunes 9 de noviembre comenzó en Antalya, Türkiye, la 31 Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31), en la que representantes de casi todos los países del mundo se reúnen para discutir las medidas necesarias para enfrentar la crisis climática. La cumbre, que se realizará hasta el 20 de noviembre, tiene entre sus principales apuestas acelerar la electrificación de la economía mundial y avanzar en la transición energética.
¿Qué es la COP31 y por qué es importante?
La Conferencia de las Partes es una cumbre que se celebra cada año y reúne a los países que forman parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Su objetivo es negociar acuerdos y establecer mecanismos de cooperación internacional para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, limitar el calentamiento global y apoyar a las poblaciones más vulnerables frente a sus consecuencias.
De estas reuniones surgieron acuerdos fundamentales, como el Protocolo de Kioto, aprobado durante la COP3 de 1997, y el Acuerdo de París, alcanzado en la COP21 de 2015.
El primero estableció objetivos vinculantes de reducción de emisiones para países industrializados. El segundo amplió la participación a todos los países mediante las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés), compromisos climáticos que cada gobierno establece de acuerdo con sus circunstancias y que debe actualizar periódicamente, cada cinco años.
De acuerdo con el secretario ejecutivo de ONU Cambio Climático, Simon Stiell, “los avances no están ni remotamente cerca de ser suficientes ni justos” para limitar el calentamiento global a 1.5 °C. Tan solo el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), en su informe Emissions Gap Report 2026, advierte que el planeta superará ese umbral y en el mejor de los escenarios se podrá limitar el calentamiento máximo a 1.8 °C alrededor del 2050, pero para conseguirlo, será necesario reducir aún más las emisiones y retirar 320 mil millones de toneladas de dióxido de carbono de la atmósfera.
De acuerdo con el organismo, para seguir una trayectoria de calentamiento máximo a 1,8%, las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero tendrían que reducirse 18% para 2030, 45% para 2035 y 69% para 2040, respecto de los niveles de 2025.
En contraste, incluso si se cumplen íntegramente los compromisos climáticos nacionales actuales, las reducciones serían de apenas 5 a 8% para 2030 y de 11 a 15% para 2035. Con ese escenario, el calentamiento global podría alcanzar alrededor de 2.6 °C durante este siglo.
Si se consideran las políticas actualmente implementadas, la perspectiva es todavía más preocupante: el calentamiento podría acercarse a los 2.8 °C.
La electrificación, una de las principales apuestas de la COP31
Ante este escenario, la presidencia turca de la COP31 impulsa el objetivo denominado «35 para 2035», que busca elevar de alrededor de 23% a 35% la participación de la electricidad en el consumo final mundial de energía.
La iniciativa pretende acelerar la sustitución de combustibles fósiles en actividades que todavía dependen directamente del petróleo, el gas y el carbón, como el transporte, la industria, la calefacción y distintos procesos productivos.
Es importante señalar que se trata de una propuesta voluntaria promovida por la presidencia de la COP31, no de una obligación vinculante que ya hayan aprobado todos los países. Además, el objetivo de electrificación no establece por sí mismo que toda la electricidad adicional deba provenir de fuentes renovables.
¿Por qué se considera importante esta transformación?
Históricamente, buena parte de la política climática se ha concentrado en modificar la matriz de generación eléctrica mediante la expansión de paneles solares, turbinas eólicas y otras fuentes de bajas emisiones. Sin embargo, la electricidad representa solamente alrededor de 23% del consumo final mundial de energía. El resto continúa dependiendo de combustibles y otras fuentes utilizadas directamente en actividades industriales, transporte y edificios.
Por eso, instalar parques solares y eólicos no basta si los sectores que más energía consumen continúan quemando combustibles fósiles.
La electrificación busca sustituir motores de combustión por vehículos eléctricos, utilizar bombas de calor en edificios, transformar procesos industriales y ampliar el uso de tecnologías que puedan funcionar con electricidad.
La ventaja es que, conforme se limpia la red eléctrica, también disminuyen las emisiones asociadas con los hogares, los automóviles y las industrias que dependen de ella.
Pero aquí aparece una contradicción fundamental: electrificar no significa necesariamente descarbonizar.
El carbón y el gas siguen dominando la generación eléctrica
A nivel mundial, la generación de electricidad continúa dependiendo considerablemente de los combustibles fósiles.
De acuerdo con la Agencia Internacional de Energía (AIE), durante 2025 las fuentes renovables y la energía nuclear alcanzaron 43% de la generación eléctrica mundial, su participación más alta en cinco décadas. Sin embargo, el carbón todavía aportó 34% y el gas natural 21%.
Las energías renovables representaron 34% de la generación, mientras que la solar y la eólica juntas alcanzaron 17%.
Esto significa que una parte importante de la electricidad utilizada para alimentar automóviles, industrias y hogares todavía se produce mediante la quema de combustibles fósiles.
La electrificación puede reducir emisiones, pero sus beneficios climáticos dependen de qué fuentes alimenten las redes eléctricas. Si la demanda aumenta y se responde mediante nuevas centrales de carbón o gas, una parte de la contaminación simplemente se trasladará de los motores y las instalaciones industriales hacia las plantas generadoras.
La infraestructura también representa un desafío. La expansión de las energías renovables requiere modernizar las redes de transmisión y distribución, ampliar la capacidad de almacenamiento y construir sistemas que permitan integrar fuentes intermitentes, como la solar y la eólica.
Sin estas inversiones, los nuevos proyectos de generación pueden enfrentar dificultades para conectarse y llevar electricidad a los centros de consumo.
América Latina tiene una ventaja, pero también grandes desafíos
En América Latina y el Caribe la situación presenta diferencias importantes respecto de otras regiones. La generación hidroeléctrica y la expansión de la energía solar y eólica han permitido que las fuentes renovables tengan una participación considerable en la matriz eléctrica de varios países.
Sin embargo, el reto no consiste únicamente en producir electricidad con menos emisiones. También es necesario ampliar las redes, garantizar el acceso a energía asequible y sustituir los combustibles fósiles que siguen utilizándose directamente en el transporte y la industria.
La región enfrenta, además, una contradicción: cuenta con importantes recursos naturales para producir energía renovable, pero su aprovechamiento puede profundizar conflictos por el territorio, el agua y el control de los recursos si los proyectos se desarrollan sin participación de las comunidades.
México: dependencia del gas natural y falta de infraestructura
En México, la transformación energética enfrenta obstáculos particulares.
De acuerdo con el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), durante 2023 más de 76% de la generación eléctrica del Sistema Eléctrico Nacional provino de tecnologías convencionales, que utilizan combustibles como gas natural, carbón, combustóleo y diésel. Las fuentes consideradas limpias representaron 23.2%.
El gas natural ocupa un lugar central en la generación eléctrica y constituye también una vulnerabilidad para la seguridad energética del país.
Según el Programa Sectorial de Energía 2025-2030, durante 2024 México consumió alrededor de 8 mil 845 millones de pies cúbicos diarios de gas natural, de los cuales aproximadamente 6 mil 424 millones fueron importados. Esto significa que cerca de 70% del consumo nacional dependió de suministros provenientes del extranjero, principalmente de Estados Unidos.
A esta dependencia se suman los problemas de infraestructura: la saturación de las redes de transmisión, los cuellos de botella que dificultan llevar electricidad desde las zonas de generación hasta los centros de consumo y la necesidad de ampliar la capacidad de almacenamiento.
Por ello, una estrategia de electrificación para México tendría que contemplar no solamente la incorporación de más tecnologías eléctricas, sino también una expansión de las fuentes renovables, inversión pública en redes de transmisión y distribución, y sistemas de almacenamiento que permitan aprovechar la energía solar y eólica.
De lo contrario, una mayor demanda eléctrica podría reforzar la dependencia del gas natural importado.
La transición energética también tiene beneficiarios y perdedores
La apuesta por electrificar la economía mundial ocurre mientras las grandes empresas de combustibles fósiles continúan obteniendo ganancias extraordinarias.
De acuerdo con un análisis de Global Witness, las cinco mayores petroleras occidentales —BP, Shell, TotalEnergies, ExxonMobil y Chevron— obtuvieron ganancias conjuntas por 48 mil millones de dólares durante el segundo trimestre de 2026, equivalentes a unos 535 millones de dólares diarios.
El organismo relacionó estos resultados con el aumento de los precios del petróleo durante la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán y las alteraciones del suministro energético internacional.
Al mismo tiempo, el financiamiento bancario a las empresas de combustibles fósiles continúa siendo considerable. El informe Banking on Climate Chaos 2026 señala que los 65 bancos más grandes del mundo comprometieron 906 mil millones de dólares en financiamiento para compañías vinculadas con los combustibles fósiles durante 2025.
La contradicción es evidente: mientras los gobiernos anuncian objetivos para acelerar la transición energética, el capital financiero continúa respaldando actividades que prolongan la dependencia del petróleo, el gas y el carbón.
Y los costos de la transformación tampoco se distribuyen de manera equitativa.
La electrificación masiva requiere grandes cantidades de cobre, litio, níquel, cobalto y otros minerales utilizados en baterías, motores eléctricos, infraestructura de almacenamiento y redes de transmisión.
La creciente demanda puede intensificar la presión extractiva sobre territorios y ecosistemas, provocar estrés hídrico y profundizar conflictos sociales, especialmente en regiones donde las comunidades tienen poca capacidad para intervenir en las decisiones sobre sus recursos.
También existe una brecha económica. La adquisición de vehículos eléctricos, la instalación de sistemas de generación doméstica y la sustitución de tecnologías industriales requieren inversiones iniciales que no están al alcance de todos los hogares y empresas.
Si los costos de modernizar las redes eléctricas se trasladan a las tarifas, o si los incentivos y las políticas de transición no contemplan mecanismos de protección social, las familias de menores ingresos pueden terminar pagando una proporción mayor de la transformación.
¿Una transición energética para quién?
La COP31 llega en un momento en que la urgencia climática exige reducciones aceleradas de emisiones, pero también decisiones sobre el modelo económico y energético que se busca construir.
La primera Conferencia Internacional para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles, celebrada en abril de 2026 en Santa Marta, Colombia, reunió a 57 países y más de mil 500 participantes de distintos sectores. Entre sus resultados estuvieron la creación de mecanismos de coordinación internacional y el compromiso de mantener el diálogo para acelerar la transición fuera de los combustibles fósiles.
Ese proceso busca mantener la presión para que los gobiernos no se limiten a sustituir tecnologías, sino que también establezcan rutas para reducir la dependencia económica de los combustibles fósiles y fortalezcan la cooperación internacional.
La electrificación puede ser una herramienta decisiva para reducir las emisiones, pero no garantiza por sí misma una transición justa. Sin generación limpia, financiamiento suficiente, inversión pública, acceso equitativo a la energía y protección de los territorios afectados por la extracción de minerales, el cambio tecnológico corre el riesgo de reproducir las desigualdades del modelo energético que pretende sustituir.
El desafío de la COP31 no consiste solamente en electrificar el planeta, sino en no concentrar el control de esa transformación, que la justicia ambiental y energética se haga centrada en las poblaciones más vulnerables y por supuesto, que la humanidad cumpla la responsabilidad no solo su propio destino.
