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(06 DE NOVIEMBRE, 2026).-El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó por unanimidad solicitar a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) una fiscalización extraordinaria de sus cuentas y procedimientos de contratación. La revisión incluirá operaciones de administraciones anteriores, entre ellas la encabezada por Lorenzo Córdova Vianello, y deberá sujetarse a los plazos legales.
La propuesta inicial planteaba examinar un periodo de diez años, del 3 de noviembre de 2016 al 3 de noviembre de 2026. Sin embargo, durante la discusión del proyecto se modificó el alcance temporal para que la ASF determine qué operaciones puede fiscalizar conforme a sus facultades legales.
La solicitud contempla revisar la función de adquisiciones del Instituto, particularmente la adjudicación de contratos para la compra y proveeduría de materiales electorales. En este sector se ha señalado la presunta concentración de contratos en un grupo reducido de empresas durante al menos 27 años, tanto en el ámbito federal como en los organismos electorales estatales.
Representantes partidistas cuestionan el periodo de revisión
Durante la sesión, Ernesto Guerra Mota, representante del Partido PAZ, respaldó la fiscalización y sostuvo que los señalamientos no se limitan al INE, sino que también alcanzan a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).
Afirmó que la situación se había desbordado hacia las autoridades electorales estatales, por lo que consideró necesario ampliar la revisión más allá de las contrataciones del órgano nacional.
En contraste, los representantes del PAN, PRI, Somos y Movimiento Ciudadano cuestionaron la propuesta original de revisar diez años de operaciones, al considerar que el periodo no estaba suficientemente justificado.
La modificación aprobada dejó el alcance temporal sujeto a los límites legales de fiscalización, en lugar de establecer de antemano una década como periodo obligatorio.
La revisión incluye señalamientos sobre las gestiones anteriores
La solicitud de auditoría ocurre después de los cuestionamientos sobre presuntas irregularidades en las contrataciones realizadas durante la administración de Guadalupe Taddei Zavala, quien dejó la presidencia del INE el pasado 26 de octubre.
Los señalamientos también alcanzaron a la gestión de Lorenzo Córdova, quien encabezó el organismo entre 2014 y 2023. El exconsejero presidente rechazó tener responsabilidad en las presuntas irregularidades y afirmó que las auditorías practicadas durante su administración no detectaron anomalías financieras relevantes.
Córdova sostuvo que está dispuesto a que se revise nuevamente su gestión, aunque cuestionó que la fiscalización pueda utilizarse para desviar la atención de las responsabilidades que, a su juicio, deben esclarecerse en la administración más reciente.
La ASF deberá determinar el alcance de la revisión y analizar las operaciones comprendidas dentro de sus atribuciones. La fiscalización permitirá establecer si existieron irregularidades administrativas o financieras y, en su caso, identificar posibles responsabilidades.
