Portada: Monero Hernández
(05 DE NOVIEMBRE, 2026).-Hacienda informó que 25 personas físicas y 15 empresas fueron incorporadas a la Lista de Personas Bloqueadas. La dependencia presentó una denuncia ante la FGR, mientras el INE prepara una investigación propia sobre presuntas irregularidades durante la gestión de Taddei.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), incorporó a 25 personas físicas y 15 empresas vinculadas con proveedores electorales a su Lista de Personas Bloqueadas, luego de identificar operaciones financieras con elementos de riesgo.
La medida, anunciada el miércoles 4 de noviembre, forma parte de las investigaciones sobre presuntas irregularidades en las contrataciones del Instituto Nacional Electoral (INE) y de los organismos públicos locales electorales.
De acuerdo con información publicada por SinEmbargo y otros medios, entre las personas incluidas en la lista se encontrarían la expresidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, y el empresario José Alfredo Hernández Casillas, señalado por sus vínculos con proveedores de material electoral. Sin embargo, la UIF no ha confirmado públicamente la identidad de las personas bloqueadas.
En su comunicado, Hacienda explicó que la decisión se tomó a partir de análisis financieros realizados por la UIF dentro de sus atribuciones legales, tras detectar movimientos que ameritan la revisión de las autoridades competentes.
UIF presenta denuncia ante la Fiscalía
La dependencia informó que, además del bloqueo de cuentas, la UIF presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que investigue los hechos y determine las posibles responsabilidades.
Hacienda precisó que la incorporación a la Lista de Personas Bloqueadas es una medida administrativa, preventiva y precautoria, por lo que no constituye una resolución definitiva sobre la responsabilidad de las personas o empresas involucradas.
También señaló que las personas afectadas conservan los mecanismos de defensa y la garantía de audiencia establecidos en la legislación vigente.
El titular de la UIF, Omar Reyes Colmenares, evitó confirmar públicamente si Guadalupe Taddei se encuentra entre las personas incluidas en la lista. Explicó que la información sobre sus integrantes tiene carácter reservado y que existen restricciones legales para revelar sus identidades mientras se desarrollan las investigaciones.
INE prepara su propia denuncia contra quien resulte responsable
Por separado, el INE anunció que presentará una denuncia ante la FGR para investigar posibles irregularidades durante la gestión de Guadalupe Taddei y determinar si existen responsabilidades de otros funcionarios o exfuncionarios del organismo.
La presidenta provisional del Consejo General, Blanca Yassahara Cruz García, informó que las diez consejerías acordaron instruir a sus equipos jurídicos para preparar el documento y dar vista a la Fiscalía.
Sin embargo, al 5 de noviembre, la denuncia todavía no había sido presentada. Cruz García explicó que los equipos jurídicos revisaban los primeros borradores y que no podía comprometer una fecha para su entrega.
La consejera presidenta también señaló que el instituto mantiene una revisión de su estructura directiva y de los perfiles de funcionarios que podrían estar relacionados con las presuntas irregularidades.
Hasta ese momento, el INE contabilizaba 30 renuncias de funcionarios, aunque la cifra podría aumentar conforme se formalicen otras salidas.
Las investigaciones alcanzan contratos y proveedores electorales
Las medidas de la UIF se producen en medio de una serie de investigaciones sobre contratos otorgados a empresas proveedoras de material electoral y posibles relaciones entre funcionarios y empresarios.
Entre los nombres señalados en las investigaciones periodísticas figura José Alfredo Hernández Casillas, empresario vinculado con compañías que obtuvieron contratos de instituciones electorales. Algunas publicaciones también han señalado a su hermano, Raymundo Francisco Hernández Casillas, y a otras personas relacionadas con esas empresas.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF), por su parte, anunció una revisión histórica de las contrataciones del INE, el extinto Instituto Federal Electoral y los organismos electorales estatales entre 2000 y 2025. El organismo también abrió una investigación de oficio y realizará una auditoría integral al INE y al gasto federalizado ejercido por los OPLE.
De esta manera, las investigaciones avanzan por distintas vías: la UIF aplicó medidas preventivas y presentó una denuncia ante la FGR; el INE prepara su propia denuncia, y la ASF revisará las contrataciones y el ejercicio de recursos públicos durante distintas administraciones.
Aunque las medidas representan un avance en el esclarecimiento de las posibles irregularidades, todavía corresponde a las autoridades investigadoras determinar si existieron delitos y quiénes serían responsables. La inclusión en la lista de personas bloqueadas no equivale a una sentencia ni acredita por sí misma la comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
