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(05 DE NOVIEMBRE, 2026).-Entre 2015 y 2023, empresas vinculadas con los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas obtuvieron contratos por 2 mil 94 millones de pesos en 23 de los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), informó la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro.
Durante la conferencia matutina de este jueves 5 de noviembre, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, la funcionaria presentó una línea de tiempo sobre la expansión de este grupo empresarial y explicó el presunto mecanismo de simulación de competencia que habría utilizado para obtener contratos de material electoral.
De acuerdo con la investigación presentada por Buenrostro, la actividad empresarial de los hermanos se remonta a 1999, cuando fundaron Cartonera Plástica. Sin embargo, sus antecedentes laborales se ubican en 1983, cuando ambos trabajaron en el Registro Nacional de Población e Identificación Personal, entonces dirigido por Juan Carlos Padilla Aguilar.
Posteriormente, colaboraron con Padilla Aguilar cuando este ocupó un cargo en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari.
Su primer contrato de material electoral llegó en 2005, cuando el Instituto Electoral del Estado de México adjudicó a Cartonera Plástica un contrato por 63.7 millones de pesos. Según la reconstrucción expuesta por Buenrostro, esa contratación estuvo relacionada con un escándalo de presuntas irregularidades que provocó la renuncia de siete consejeros electorales.
La expansión de las empresas y la reforma electoral de 2014
Buenrostro explicó que entre 2012 y 2013 los hermanos Hernández Casillas constituyeron nuevas empresas para ampliar su participación en las licitaciones y generar una apariencia de competencia entre proveedores.
La secretaria ubicó otro momento relevante en 2014, cuando se aprobó la reforma político-electoral derivada del Pacto por México. Entre sus cambios estuvo la modificación del procedimiento para designar a las consejerías de los Organismos Públicos Locales Electorales: la facultad pasó de los congresos estatales al Consejo General del INE.
En ese contexto, Buenrostro señaló que en octubre de 2014 Guadalupe Taddei fue nombrada consejera del organismo electoral de Sonora por el Consejo General del INE, durante la presidencia de Lorenzo Córdova.
Taddei permaneció en ese cargo hasta 2021 y, en abril de 2023, fue designada consejera presidenta del instituto nacional.
La funcionaria señaló que entre 2014 y 2023 se registraron omisiones en los procesos de asignación de contratos que deben ser investigadas. En ese periodo se consolidó la presencia de las empresas relacionadas con los Hernández Casillas en organismos electorales de distintas entidades.
La investigación también reportó que, entre 2024 y 2025, estas compañías obtuvieron otros 646.3 millones de pesos en contratos de 15 OPLE, por lo que las adjudicaciones continuaron después de que Taddei llegó a la presidencia del INE.
Presunta simulación de competencia en licitaciones
Durante su presentación, Buenrostro explicó que el esquema consistía en que distintas empresas relacionadas entre sí participaban en un mismo procedimiento de contratación como si fueran competidoras independientes.
La existencia de varias propuestas daba la apariencia de que los organismos electorales estaban comparando ofertas de diferentes proveedores. Sin embargo, según la investigación, las compañías compartían vínculos empresariales y estructuras que les permitían operar como parte de una misma red.
El mecanismo también fue señalado por el Órgano Interno de Control del INE. El pasado 30 de octubre, su titular, Víctor Hugo Carvente Contreras, informó que cinco empresas relacionadas entre sí obtuvieron contratos por 2 mil 461 millones de pesos entre 2014 y 2025 en organismos electorales locales.
Las compañías identificadas por el órgano de control son Cajas Graf, Formas Finas y Materiales, Corporativo ZEG, Comercializadora JVLY y Seriplast de México. La investigación encontró vínculos entre ellas, incluidos socios y representantes legales compartidos, pese a que participaban en procedimientos de contratación como empresas distintas.
El OIC informó que tenía abiertos 18 expedientes relacionados con posibles irregularidades en contrataciones del INE: 13 se encontraban en etapa de investigación y cinco habían avanzado a procedimientos de responsabilidad administrativa.
Las indagatorias abarcan distintos periodos y organismos electorales. Por ello, los señalamientos todavía deben ser esclarecidos y las responsabilidades administrativas o penales, en su caso, determinadas por las autoridades correspondientes.
Empresas no están inhabilitadas
Durante la conferencia, Buenrostro aclaró que las compañías relacionadas con los hermanos Hernández Casillas no están inhabilitadas para participar en licitaciones del Gobierno federal.
Explicó que la dependencia revisa si recibieron contratos federales, aunque hasta el momento no había identificado adjudicaciones de ese tipo.
La secretaria indicó que corresponde a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) concluir las investigaciones y determinar las medidas que procedan. Añadió que, mediante los convenios existentes, la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno podría retomar una eventual inhabilitación en el ámbito federal.
Tras la explicación, la presidenta Claudia Sheinbaum puntualizó: “Pero obviamente no se quieren contratar, ¿verdad?”.
La investigación sobre las empresas proveedoras de material electoral se desarrolla en paralelo a las revisiones del OIC del INE y de la ASF, que buscan identificar posibles irregularidades en los procedimientos de contratación y determinar quiénes serían responsables.
