Portada: Monero Hernández
(05 DE NOVIEMBRE, 2026).-La secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, señaló vínculos entre la organización política Somos y los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas, cuyas empresas son investigadas por obtener contratos millonarios de organismos electorales estatales. Como punto de conexión identificó a Juan Carlos Padilla Aguilar, exfuncionario que fue superior jerárquico de los hermanos y que actualmente participa en esa organización.
Durante la conferencia matutina de este jueves 5 de noviembre, la funcionaria explicó que José Alfredo Hernández Casillas fue secretario particular de Padilla Aguilar en el Registro Nacional de Población e Identificación Personal. En 1989, ambos pasaron al entonces Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), donde mantuvieron esa relación laboral, mientras que Raymundo Hernández Casillas se incorporó al área de investigaciones.
Posteriormente, los hermanos dejaron el servicio público y comenzaron a desarrollar actividades empresariales. En 1999, mediante Cartonera Plástica, incursionaron como proveedores de materiales electorales en el Estado de México.
De acuerdo con la investigación presentada por Buenrostro, entre 2015 y 2023 las empresas vinculadas con los Hernández Casillas obtuvieron contratos por 2 mil 94 millones de pesos en 23 de los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE). Para el periodo de 2024 a 2025, la dependencia identificó otros 646.3 millones de pesos en contrataciones con 15 organismos locales.
La secretaria precisó que los datos provienen de fuentes abiertas, entre ellas la Plataforma Nacional de Transparencia y los registros históricos de CompraNet, por lo que la revisión continúa y las cifras podrían modificarse conforme avancen las auditorías.
El vínculo con integrantes de Somos
Buenrostro también reconstruyó la trayectoria política de Padilla Aguilar. Señaló que ocupó distintos cargos en gobiernos priistas y que en 2022 encabezó el Frente Cívico Nacional en el Estado de México. Actualmente, indicó, participa en Somos, donde también coinciden antiguos funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE).
La funcionaria identificó a tres exintegrantes del organismo electoral que tienen responsabilidades en esa organización: Lorenzo Córdova, expresidente del Consejo General del INE, participa en el Consejo Consultivo Ciudadano; Marco Antonio Baños es representante suplente de Somos ante el instituto, y Edmundo Jacobo Molina, quien fue secretario ejecutivo del INE, dirige el Centro de Formación y Profesionalización Política.
La coincidencia fue retomada por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien cuestionó los vínculos entre Padilla Aguilar, los empresarios investigados y los antiguos funcionarios electorales que ahora participan en la misma organización política.
Los señalamientos describen relaciones laborales y coincidencias políticas entre estas personas. Sin embargo, por sí mismos no demuestran que Somos haya recibido recursos provenientes de los contratos investigados ni acreditan que sus integrantes hayan intervenido en las adjudicaciones.
Sheinbaum cuestiona actuación del INE y anuncia cambios en Talleres Gráficos
La presidenta también respondió a los señalamientos de Lorenzo Córdova, quien sostuvo que las contrataciones de materiales electorales fueron responsabilidad de los organismos locales y no directamente del INE.
Sheinbaum argumentó que, después de la reforma electoral de 2014, el Consejo General del instituto adquirió la facultad de designar a las consejerías de los OPLE. A partir de ello, cuestionó que durante las administraciones anteriores no se establecieran mecanismos para impedir la concentración de contratos en empresas vinculadas entre sí.
La mandataria también criticó que, pese a que el entonces presidente del INE conocía la existencia de proveedores que concentraban las contrataciones de materiales electorales, no se hubieran establecido lineamientos para evitar posibles prácticas irregulares. Sus señalamientos forman parte de la discusión política sobre las responsabilidades institucionales, mientras las auditorías deberán determinar si existieron faltas administrativas o delitos.
En ese contexto, Sheinbaum anunció que la próxima semana presentará un decreto para fortalecer Talleres Gráficos de México, empresa pública encargada de producir boletas electorales. La propuesta busca renovar sus equipos y modificar la integración de su Consejo de Administración, con la participación de más dependencias federales, la Auditoría Superior de la Federación como observadora y representantes de instituciones académicas.
Entre las instituciones académicas mencionadas están la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional y el Tecnológico de Monterrey.
La presidenta planteó que Talleres Gráficos produzca la mayor parte de los materiales electorales, especialmente aquellos que requieren mayores medidas de seguridad. En cambio, materiales como urnas y mamparas podrían adquirirse mediante procedimientos abiertos a empresas impresoras mexicanas.
Sheinbaum también consideró necesario que el INE establezca lineamientos claros y transparentes para las contrataciones, tanto del organismo nacional como de los institutos electorales estatales, incluidos criterios para regular los precios y evitar intermediarios.
La mandataria sostuvo que estas medidas buscan fortalecer la transparencia en la adquisición de materiales electorales y dar certeza a los comicios de 2027. La eventual modificación de las reglas de contratación, sin embargo, corresponde a las autoridades electorales dentro de sus atribuciones.
