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(03 DE NOVIEMBRE, 2026).-Ernestina Godoy informó que la Fiscalía entregó los mandamientos judiciales a autoridades estadounidenses. Una orden corresponde a presunta delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita; las otras dos, a defraudación fiscal equiparada.
La Fiscalía General de la República (FGR) ejecutará tres órdenes de aprehensión contra la exconductora de televisión Inés Gómez Mont si las autoridades de Estados Unidos determinan deportarla a México, informó la fiscal Ernestina Godoy Ramos.
En un videomensaje difundido este lunes 2 de noviembre, Godoy explicó que, durante las últimas semanas, la FGR intercambió información con autoridades estadounidenses y les entregó las órdenes de aprehensión vigentes, todas libradas por jueces federales mexicanos.
La fiscal precisó que la detención de Gómez Mont en Estados Unidos responde actualmente a su situación migratoria, cuya resolución corresponde a las autoridades de ese país. Si se determina su deportación, dijo, la Fiscalía ejecutará los mandamientos judiciales de inmediato a su llegada a México.
Gómez Mont fue detenida el 30 de octubre en Florida, luego de permanecer casi cinco años fuera de México. De acuerdo con la información difundida por las autoridades, se encuentra bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), debido a una situación migratoria irregular.
Las tres órdenes de aprehensión contra Gómez Mont
Ernestina Godoy detalló que una de las órdenes fue solicitada por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, por la probable participación de Gómez Mont en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Las otras dos fueron solicitadas por la Fiscalía Especializada de Control Competencial por el delito de defraudación fiscal equiparada.

Según las investigaciones de la FGR, la exconductora habría recibido en sus cuentas bancarias personales recursos de procedencia ilícita, presuntamente obtenidos mediante un esquema de desvío y triangulación de recursos públicos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, a través de empresas fachada.
Godoy señaló que el esquema investigado habría involucrado contratos por cerca de 2 mil 450 millones de pesos con ese organismo, responsable de los centros penitenciarios federales.
La Fiscalía también sostiene que Gómez Mont habría declarado ingresos inferiores a los realmente obtenidos durante los ejercicios fiscales de 2014 y 2016, con lo que presuntamente habría omitido el pago de más de 13 millones de pesos en impuestos.
La fiscal explicó que las empresas fantasma pueden utilizarse para simular operaciones, desviar recursos públicos y ocultar su destino. Añadió que el lavado de dinero busca asegurar ganancias privadas de origen ilícito a costa del presupuesto público.

No obstante, recordó que Gómez Mont goza de la presunción de inocencia y que serán los tribunales mexicanos los que determinen su responsabilidad, conforme a derecho y con respeto al debido proceso.
La FGR solicitó su detención con fines de extradición desde 2025
Godoy indicó que, desde que Gómez Mont salió de México, la Fiscalía realizó gestiones para presentarla ante la justicia. En septiembre de 2025 solicitó a Estados Unidos su detención provisional con fines de extradición y, en coordinación con el Departamento de Justicia de ese país, integró la petición formal.
La fiscal añadió que en las últimas semanas ambas autoridades intercambiaron información y que la FGR entregó los mandamientos judiciales vigentes.

La solicitud de extradición y una eventual deportación son procedimientos distintos. Por ahora, la Fiscalía condicionó la ejecución de las órdenes de aprehensión a que las autoridades migratorias estadounidenses determinen el retorno de Gómez Mont a México.
El caso de Víctor Manuel Álvarez Puga
Las autoridades mexicanas también vinculan a Gómez Mont y a su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, con una presunta red de corrupción que habría operado mediante empresas fachada.
En octubre de 2021, México solicitó la colaboración internacional para localizar a ambos. Sin embargo, la situación de Álvarez Puga en Estados Unidos siguió un procedimiento distinto.
El empresario fue detenido por agentes del ICE el 24 de septiembre de 2025 en Miami, también por una situación migratoria irregular. México solicitó su extradición, pero, de acuerdo con la información proporcionada sobre el caso, Estados Unidos rechazó la petición en mayo de 2026 al considerar que correspondía a un delito no violento.
En julio, la FGR informó que las autoridades estadounidenses le concedieron la libertad bajo fianza y que continuaría su procedimiento migratorio con un dispositivo de geolocalización.
Los procedimientos de ambos permanecen diferenciados: la situación migratoria de Gómez Mont está pendiente de resolución en Estados Unidos, mientras que en México continúan vigentes las órdenes de aprehensión que la Fiscalía pretende ejecutar si regresa al país.
La FGR sostuvo que su responsabilidad es llevar a Gómez Mont ante los tribunales. La determinación sobre los delitos que se le atribuyen corresponderá a las autoridades judiciales mexicanas.






