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(30 DE OCTUBRE, 2026).-La presidenta peruana calificó como exitosas las políticas de seguridad de El Salvador y recorrió el Centro de Confinamiento del Terrorismo. Organizaciones de derechos humanos han denunciado detenciones arbitrarias, torturas y muertes bajo custodia en el marco del régimen de excepción.
La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, visitó este jueves el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), en El Salvador, y elogió la estrategia de seguridad del gobierno de Nayib Bukele, a la que calificó como un modelo exitoso y útil para enfrentar a las organizaciones criminales.
El recorrido ocurre en medio de la crisis de seguridad que atraviesa Perú, marcada por el aumento de homicidios y extorsiones. Durante su campaña, Fujimori propuso construir una prisión de máxima seguridad inspirada en el modelo salvadoreño. La mandataria asumió la Presidencia el 28 de julio de 2026.
Fujimori fue recibida por el ministro de Seguridad y Justicia de El Salvador, Gustavo Villatoro, y por el titular de Defensa Nacional, el vicealmirante Francis Merino Monroy. Ambos funcionarios explicaron a la delegación peruana el diseño del complejo, los sistemas de vigilancia electrónica, las condiciones de internamiento y los mecanismos de custodia.
De acuerdo con las autoridades salvadoreñas, también expusieron el despliegue operativo que atribuyen a la reducción de la violencia y a la recuperación del control territorial. Durante la visita presentaron el programa penitenciario denominado “Cero ocio”.
La agenda de Fujimori contempla además una reunión con Bukele y el intercambio de experiencias en seguridad ciudadana y digital, modernización de los servicios públicos, turismo y salud. Según la Presidencia salvadoreña, las conversaciones buscan ampliar la cooperación entre ambos países.
El modelo Bukele y la crisis de seguridad en Perú
Al reconocer las acciones del gobierno salvadoreño, Fujimori recordó que Perú enfrentó a dos grandes organizaciones armadas durante la década de los ochenta y los primeros años de los noventa. Su gobierno ha expresado interés en conocer las políticas penitenciarias y de seguridad de El Salvador para evaluar cuáles podrían adaptarse a la realidad peruana.
El Cecot, inaugurado en 2023, fue diseñado para albergar hasta 40 mil personas y se ha convertido en uno de los principales símbolos de la política de seguridad de Bukele. La visita de Fujimori se suma a la de otros dirigentes latinoamericanos interesados en conocer el funcionamiento del complejo. Más de una semana antes, la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, también recorrió las instalaciones durante una visita oficial a El Salvador.
Régimen de excepción y denuncias de derechos humanos
La política de seguridad salvadoreña se desarrolla bajo un régimen de excepción vigente desde marzo de 2022, decretado después de una escalada de homicidios atribuida a las pandillas. La medida suspende garantías como el derecho a conocer las razones de una detención y amplía los plazos para mantener a una persona detenida antes de comparecer ante un juez. También ha permitido restricciones al acceso a la defensa y facultades ampliadas para las fuerzas de seguridad.
Desde su implementación, las autoridades salvadoreñas han reportado decenas de miles de detenciones de personas acusadas de pertenecer a pandillas o tener vínculos con ellas. En el balance citado por la información oficial se contabilizan 93 mil 162 personas detenidas. Bukele ha afirmado que ocho mil personas inocentes fueron liberadas.
Sin embargo, organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos han documentado y denunciado detenciones arbitrarias, malos tratos, torturas y muertes bajo custodia, además de cuestionar la falta de supervisión independiente sobre las condiciones de reclusión. Associated Press señala que los cuestionamientos al modelo incluyen denuncias de abusos contra personas detenidas en el marco del régimen de excepción.
La visita de Fujimori coloca nuevamente en el debate regional la posible adopción de políticas penitenciarias y de seguridad basadas en el modelo salvadoreño, así como las consecuencias que su aplicación puede tener sobre las garantías judiciales y los derechos fundamentales.
