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(22 DE OCTUBRE, 2026).-La excandidata presidencial y dirigente de Revolución Ciudadana fue detenida en Manabí, en una investigación sobre posibles irregularidades en el financiamiento de la campaña electoral de 2023. El correísmo denuncia persecución política a poco más de un mes de las elecciones locales.
Luisa González, excandidata presidencial de Ecuador y una de las principales figuras de la oposición al Gobierno de Daniel Noboa, fue detenida la madrugada de este jueves 22 de octubre en la localidad de Canuto, provincia de Manabí, en el marco de una investigación por presunto lavado de activos.
El expresidente Rafael Correa dio a conocer la detención a través de su cuenta en X, donde escribió: “Apresaron a Luisa González. ¡YA BASTAAA!!!! Ecuador Vencerá”.
La Fiscalía General del Estado informó que, junto con la Policía Nacional, ejecutó tres órdenes de detención en las provincias de Manabí y Pichincha para formular cargos contra personas investigadas por su presunta participación en el delito de lavado de activos. Posteriormente, medios ecuatorianos reportaron que la Policía confirmó la detención de González.
La investigación, denominada caso Laberinto, indaga presuntas irregularidades en el financiamiento político y los gastos de publicidad durante la campaña presidencial de 2023, así como posibles inconsistencias en los aportes y el origen de los recursos utilizados.
¿De qué se acusa a Luisa González?
La investigación busca esclarecer el origen de los recursos destinados a la campaña presidencial de 2023, cuando González compitió por Revolución Ciudadana y perdió en segunda vuelta frente a Daniel Noboa.
Entre las líneas de investigación se encuentra el supuesto ingreso de dinero en efectivo procedente de Venezuela para financiar la campaña del correísmo. González ha rechazado las acusaciones y sostiene que no era responsable de administrar los recursos de la campaña.
En enero de 2026, la Fiscalía allanó su domicilio y otros inmuebles para recabar documentación, dispositivos electrónicos y otros indicios relacionados con la investigación.
El Ministerio Público ha señalado que busca determinar si existieron inconsistencias en las aportaciones recibidas por la organización política y si los recursos tuvieron un origen lícito. Hasta el momento, la existencia de una investigación y la detención no constituyen por sí mismas una declaración de culpabilidad.
Revolución Ciudadana denuncia persecución política
El movimiento Revolución Ciudadana denunció la detención como arbitraria y exigió a las autoridades que informen dónde se encuentra González y permitan el acceso de su defensa legal.
La organización sostiene que el proceso penal se originó a partir de una discrepancia administrativa en las cuentas de campaña, que cifra en alrededor de 6 mil 100 dólares. También acusa al Gobierno de Noboa de utilizar las instituciones del Estado para obstaculizar la participación de la oposición.
Estas afirmaciones corresponden a la postura del movimiento político y deben distinguirse de las imputaciones que investiga la Fiscalía.
La detención ocurre antes de las elecciones locales
La detención se produce a 38 días de las elecciones seccionales, previstas para el 29 de noviembre, en las que se elegirán autoridades locales, incluidas alcaldías y prefecturas.
Revolución Ciudadana enfrenta restricciones para participar en estos comicios luego de que el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) suspendiera al movimiento por nueve meses, a petición de la Fiscalía, en relación con las investigaciones sobre el financiamiento electoral.
González también intentó inscribir una candidatura a la Prefectura de Manabí con el respaldo de Pachakutik, pero el TCE ratificó en septiembre la negativa a registrarla, con base en requisitos internos de afiliación de esa organización.
González compitió dos veces por la Presidencia
Luisa González fue candidata presidencial de Revolución Ciudadana en 2023 y 2025. En ambas ocasiones llegó a la segunda vuelta y perdió frente a Daniel Noboa.
En las elecciones de 2023, su candidatura se produjo después de que el entonces presidente Guillermo Lasso disolviera la Asamblea Nacional y convocara comicios anticipados. En 2025, González volvió a disputar la Presidencia y cuestionó, junto con el correísmo, los resultados electorales.
Su detención abre un nuevo capítulo judicial para la principal fuerza opositora ecuatoriana, en medio de la disputa con el Gobierno de Noboa y de las restricciones que enfrenta el movimiento para competir en las elecciones locales.
