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(21 DE OCTUBRE, 2026).-Un monitoreo del Observatorio de Medios de Cubadebate registró que 72.1% de los contenidos examinados denunciaron las sanciones estadounidenses o reprodujeron la posición de La Habana. En paralelo, Cuba cuestionó una reunión organizada por Washington en la sede de la ONU.
Siete de cada diez publicaciones digitales analizadas entre el 20 de septiembre y el 19 de octubre denunciaron el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba o difundieron la postura del gobierno cubano, de acuerdo con un estudio del Observatorio de Medios de Cubadebate citado por el canciller Bruno Rodríguez Parrilla.
El informe contabilizó 57 mil 299 publicaciones en español e inglés relacionadas con el bloqueo. De ellas, 41 mil 334 —equivalentes al 72.1%— denunciaron esa política estadounidense o reprodujeron la posición de La Habana.
Según el estudio, apenas 99 publicaciones, equivalentes al 0.2% del total, defendieron abiertamente las medidas de Washington. El ministro cubano sostuvo que los resultados reflejan la falta de argumentos para mantener el bloqueo y destacó la difusión internacional de mensajes contrarios a esa política.
Las conclusiones corresponden al análisis elaborado por el Observatorio de Medios de Cubadebate, por lo que describen el comportamiento de la muestra examinada y no necesariamente el conjunto de la conversación digital mundial.
El monitoreo abarcó publicaciones de 173 países
La investigación examinó la conversación digital entre el 20 de septiembre y el 19 de octubre de 2026. El estudio utilizó dos conjuntos de datos: 57 mil 299 publicaciones generales y mil 818 publicaciones procedentes de 280 cuentas de referencia de medios de comunicación, instituciones y periodistas de América Latina, Estados Unidos, Europa y Asia.
Además de las publicaciones que denunciaron el bloqueo, el informe identificó contenidos informativos que no tomaron posición y otros contrarios a la postura cubana. Dentro de este último grupo, solo una pequeña proporción defendió explícitamente las medidas estadounidenses.
De acuerdo con el reporte, los contenidos analizados alcanzaron difusión en 173 países y fueron compartidos por cerca de 19 mil autores independientes. El documento también señaló que más del 73% de las interacciones examinadas amplificó voces no cubanas, entre ellas las de legisladores, académicos y periodistas.
Los resultados se difundieron antes de la discusión y votación, previstas para el 27 y 28 de octubre, del proyecto de resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas que pide poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos a Cuba.
Cuba cuestiona reunión organizada por Estados Unidos en la ONU
Por separado, el representante permanente de Cuba ante Naciones Unidas, Ernesto Soberón Guzmán, denunció una reunión organizada por la misión estadounidense en la sede del organismo el 19 de octubre, bajo el título Cuba Libre: La opresión que La Habana oculta.
Soberón calificó el encuentro como una reunión “clandestina” y ajena a la agenda oficial de la ONU. También cuestionó que se convocara de manera selectiva a gobiernos y participantes para presentar acusaciones contra el gobierno cubano, en vísperas de la votación sobre el bloqueo.
La delegación cubana sostuvo que el evento buscaba debilitar el respaldo internacional a la resolución que solicita el levantamiento de las restricciones estadounidenses. Asimismo, el diplomático criticó que la Secretaría de Naciones Unidas permitiera realizar la reunión pese a las advertencias que, afirmó, había presentado previamente la representación de la isla.
El encuentro fue organizado por la misión de Estados Unidos y contó con la participación de críticos del gobierno cubano. Washington defendió la iniciativa como un espacio para abordar la situación política y los derechos humanos en Cuba, mientras que La Habana la consideró una maniobra para promover una narrativa favorable a mantener su política hacia la isla.
La controversia se produce antes de una nueva votación en la Asamblea General sobre el bloqueo, una resolución que Naciones Unidas ha aprobado reiteradamente desde 1992, aunque sus pronunciamientos no son jurídicamente vinculantes.
La discusión enfrenta así dos posiciones: la demanda cubana de poner fin a las sanciones económicas y los argumentos de Washington para mantener la presión sobre el gobierno de la isla.
