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(21 DE OCTUBRE, 2026).-El gobierno de Giorgia Meloni aprobó un decreto que permite detener preventivamente a jóvenes de 14 a 17 años considerados peligrosos en el contexto de manifestaciones. La norma también establece penas de hasta cinco años de prisión y multas de 20 mil euros por participación violenta en protestas.
El Consejo de Ministros de Italia aprobó el martes 20 de octubre un decreto de seguridad juvenil que amplía a menores de edad la posibilidad de detención preventiva, una facultad que hasta ahora se aplicaba únicamente a adultos.
La medida permite a las fuerzas del orden detener a jóvenes de entre 14 y 17 años, incluso si no han cometido un delito, cuando existan elementos que indiquen que representan un peligro en el contexto de manifestaciones consideradas problemáticas.
La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, anunció la aprobación del decreto mediante un mensaje difundido en redes sociales y señaló que las disposiciones entran en vigor de manera inmediata.
La decisión forma parte de una serie de medidas adoptadas tras los disturbios registrados durante el fin de semana en Milán y otras ciudades del norte de Italia, donde grupos de jóvenes protagonizaron saqueos, daños a comercios y enfrentamientos con la policía.
Hasta cinco años de prisión por participación violenta en protestas
El decreto incorpora el delito de “participación violenta en manifestaciones”, que contempla penas de hasta cinco años de prisión y multas de hasta 20 mil euros.
La disposición se dirige a quienes participen en grupos de cinco personas o más y pongan en peligro la seguridad pública mediante acciones como arrojar piedras, petardos o palos durante una manifestación.
Las sanciones pueden aumentar si los participantes ocultan su rostro, provocan lesiones o intervienen en actos de destrucción colectiva.
La normativa también establece mecanismos para reclamar la reparación de daños materiales. En el caso de menores de edad, sus padres pueden ser considerados responsables económicamente por los destrozos causados, de acuerdo con las condiciones previstas en el decreto.
Meloni defiende el endurecimiento de las medidas
Al presentar la nueva normativa, Meloni sostuvo que los actos violentos deben tener consecuencias y afirmó que las dificultades económicas o el descontento social no justifican la violencia.
La primera ministra señaló que comprende las preocupaciones de quienes protestan, pero argumentó que los ataques contra personas y comercios agravan los problemas y no ofrecen soluciones.
El gobierno justificó las medidas como una respuesta a los disturbios registrados en Milán durante el fin de semana, cuando grupos de jóvenes saquearon establecimientos y se enfrentaron con las fuerzas de seguridad.
Sin embargo, el endurecimiento de las disposiciones de seguridad también ha generado cuestionamientos sobre el alcance de las facultades policiales, la responsabilidad de las familias y el tratamiento penal de los menores.
El decreto entra en vigor de inmediato, aunque deberá ser examinado por el Parlamento italiano para su conversión definitiva en ley dentro del plazo constitucional de 60 días.
