Portada: Monero Hernández
(21 DE OCTUBRE, 2026).-Beijing cuestionó el uso de procedimientos judiciales como mecanismo de presión contra Cuba, mientras Moscú calificó las acusaciones como una represalia del sector anticubano de Miami. El caso está relacionado con el derribo de dos avionetas en 1996.
China y Rusia rechazaron la orden de arresto emitida por la justicia de Florida contra el expresidente cubano Raúl Castro, acusado de presunta conspiración para cometer asesinato en primer grado por su supuesta responsabilidad en el derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate, ocurrido en febrero de 1996.
Durante una conferencia de prensa este miércoles, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Mao Ning, manifestó la oposición de Beijing al uso de procedimientos judiciales como instrumentos de presión política contra Cuba.
La vocera expresó su respaldo a la isla en la defensa de su soberanía y pidió a Washington poner fin al bloqueo económico y a otras medidas de presión. También calificó a Raúl Castro como un dirigente revolucionario de prestigio internacional.
China sostuvo que Estados Unidos debe dejar de interferir en los asuntos cubanos y respetar el derecho de la población de la isla a su desarrollo.
Rusia denuncia una represalia del sector anticubano de Miami
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia también condenó la orden de arresto, anunciada el lunes 19 de octubre por las autoridades de Florida.
En un comunicado difundido el martes, Moscú calificó las acusaciones de infundadas y sostuvo que su presentación más de tres décadas después de los hechos responde a una represalia del sector anticubano radicado en Miami.
El gobierno ruso advirtió que una mayor escalada de las tensiones en torno a Cuba podría provocar inestabilidad en América Latina y el Caribe. Asimismo, reiteró su solidaridad con el gobierno cubano y su intención de fortalecer las relaciones bilaterales.
La orden de arresto estatal se suma a una acusación federal presentada en mayo de 2026 contra Raúl Castro y otras cinco personas por su presunta participación en el derribo de las aeronaves.
Díaz-Canel y Bruno Rodríguez denuncian motivaciones políticas
El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, calificó la medida judicial como un “patético circo miamense” y sostuvo que responde a intereses políticos de sectores contrarios al gobierno de la isla.
Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, describió la decisión como una maniobra de políticos anticubanos del sur de Florida. Según el canciller, las acciones judiciales buscan generar pretextos para intensificar la presión económica contra la población cubana.
Las declaraciones de los gobiernos de China, Rusia y Cuba coinciden en cuestionar la motivación política del procedimiento. Las autoridades estadounidenses, en cambio, sostienen que buscan responsabilizar penalmente a los implicados en la muerte de cuatro personas durante el derribo de las avionetas.
El caso de Hermanos al Rescate y el derribo de 1996
La orden de arresto está relacionada con los hechos del 24 de febrero de 1996, cuando aviones de combate cubanos derribaron dos aeronaves civiles Cessna vinculadas con Hermanos al Rescate. Cuatro personas murieron.
La organización, integrada por exiliados cubanos radicados en Estados Unidos, realizaba vuelos sobre el estrecho de Florida para localizar y auxiliar a migrantes cubanos, y también desarrollaba actividades de oposición al gobierno de La Habana.
El gobierno cubano ha sostenido que el derribo respondió a incursiones no autorizadas en su espacio aéreo y que la operación fue una medida de defensa de su soberanía. Las autoridades estadounidenses afirman que las aeronaves fueron abatidas en espacio aéreo internacional y sin recibir advertencias.
En mayo de 2026, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció una acusación federal contra Raúl Castro y otras cinco personas por su presunta participación en los hechos. La orden estatal emitida en octubre lo acusa específicamente de conspiración para cometer asesinato en primer grado.
El proceso judicial no constituye una sentencia y las acusaciones deberán probarse ante los tribunales. Mientras tanto, el caso ha abierto un nuevo frente de tensión diplomática entre Washington y los gobiernos de Cuba, China y Rusia.
