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(20 DE OCTUBRE, 2026).-El gobernador atribuyó los disturbios durante las protestas por el agua a presuntos intereses políticos externos, pero su mensaje no aclaró los señalamientos sobre una posible coordinación entre participantes violentos y autoridades policiales.
El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, responsabilizó a presuntos grupos externos por los hechos violentos registrados durante las movilizaciones ciudadanas del 18 de octubre en Guadalajara, en medio de la crisis por la calidad del agua en la Zona Metropolitana.
En un video difundido en sus redes sociales, el mandatario de Movimiento Ciudadano sostuvo que existen intereses políticos que buscan generar confrontación y desestabilizar al estado. Sin embargo, en el mensaje no presentó elementos que permitieran identificar a los grupos señalados ni acreditar su procedencia.
Tampoco respondió a los señalamientos atribuidos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre posibles indicios de coordinación entre grupos involucrados en hechos violentos y autoridades policiales, un aspecto que requiere esclarecimiento.
La discusión ocurre en un contexto de creciente inconformidad ciudadana por el suministro de agua de mala calidad y por la actuación de las fuerzas de seguridad durante la primera protesta, realizada el 11 de octubre.
Lemus pide cerrar las puertas de Jalisco a los violentos
En su mensaje, el gobernador llamó a rechazar los actos violentos y afirmó que la confrontación perjudica a la población jalisciense.
“No podemos permitir que a través de la violencia, el caos y la desestabilización, intereses políticos busquen apoderarse de Jalisco”, declaró.
Lemus también pidió cerrar filas frente a quienes, según su versión, pretenden provocar disturbios en la entidad.
No obstante, el video no aporta pruebas que permitan establecer quiénes serían esos actores ni en qué elementos se sustenta la afirmación de que responden a intereses políticos externos.
La procedencia y las motivaciones de las personas involucradas son relevantes para esclarecer los hechos, pero deben establecerse mediante investigaciones y evidencias, no únicamente a partir de declaraciones públicas.
Protesta por el agua estuvo marcada por la presencia de encapuchados
La movilización del 18 de octubre fue convocada para exigir soluciones a la crisis del agua y denunciar la actuación policial durante la protesta del domingo anterior.
De acuerdo con la cobertura de La Jornada, un grupo de personas encapuchadas intentó incorporarse al contingente, pero fue rechazado por ciudadanos que buscaban mantener el carácter pacífico de la movilización. Posteriormente, integrantes de ese grupo realizaron actos violentos y causaron daños en establecimientos y edificios públicos.
Los incidentes se produjeron después de que la primera manifestación, el 11 de octubre, terminara con el uso de gas lacrimógeno y chorros de agua a presión por parte de policías antimotines, así como con decenas de detenciones. La actuación de los agentes generó denuncias y abrió una discusión sobre el respeto al derecho a la protesta.
En este escenario, la identificación de los responsables de los actos violentos y el esclarecimiento de la actuación de los cuerpos de seguridad constituyen asuntos distintos, aunque relacionados con la respuesta institucional a las movilizaciones.
Gobierno reporta diez detenidos y daños por 15 millones de pesos
Según el balance incluido en la información proporcionada por el gobierno estatal, los incidentes del 18 de octubre dejaron diez personas detenidas, quince policías estatales con lesiones leves y daños estimados en 15 millones de pesos en el Palacio de Gobierno y el mobiliario urbano.
Lemus afirmó que los participantes violentos rompieron puertas y ventanas del Palacio de Gobierno, dañaron cámaras de seguridad, realizaron pintas en edificios históricos y lanzaron artefactos explosivos contra las sedes del Congreso estatal y del Poder Judicial.
El gobernador sostuvo que, a diferencia de la movilización del 11 de octubre, en esta ocasión se evitó que hubiera enfrentamientos entre policías y manifestantes pacíficos.
Sin embargo, los daños materiales y las detenciones reportadas no permiten determinar por sí solos quién organizó los actos violentos, si existió coordinación entre sus participantes o si hubo intervención de agentes de seguridad.
Por ello, además de documentar los daños y establecer las responsabilidades individuales, resulta necesario esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron los incidentes y la actuación de las autoridades encargadas de garantizar la seguridad durante la protesta.
La crisis del agua en Jalisco mantiene así dos exigencias centrales: garantizar el acceso a agua de calidad y esclarecer tanto la violencia registrada durante las movilizaciones como las denuncias sobre posibles abusos o irregularidades policiales.
