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(19 DE OCTUBRE, 2026).-La segunda movilización en Jalisco también reclamó sanciones contra 17 policías investigados y la revocación de mandato de Pablo Lemus. La jornada se vio interrumpida por incidentes que organizadores atribuyeron a presuntos infiltrados.
Habitantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara se movilizaron el domingo 18 de octubre para exigir agua limpia en sus hogares y justicia por las agresiones y detenciones registradas durante la protesta del 11 de octubre. La segunda marcha también incorporó la exigencia de revocación de mandato del gobernador Pablo Lemus y sanciones para los 17 policías estatales investigados por presunto uso excesivo de la fuerza.
La convocatoria reunió a miles de personas en el Parque Rojo, desde donde se tenía previsto avanzar hacia el Palacio de Gobierno, en el Centro Histórico. Además de reclamar soluciones al suministro de agua, los participantes exigieron responsabilidades por la actuación policial de la semana anterior.
Organizadores denuncian presuntas infiltraciones
Durante el recorrido, los organizadores denunciaron la presencia de personas a las que señalaron como presuntas infiltradas y que, según sus señalamientos, buscaban provocar violencia. Ante la situación, los participantes interrumpieron temporalmente la movilización y regresaron al parque antes de retomar el avance hacia el centro de la ciudad.
Posteriormente, se reportaron actos vandálicos y daños en inmuebles públicos, incluidos el Palacio de Gobierno y el Congreso de Jalisco. Los incidentes ocurrieron en un contexto de tensión durante la jornada, aunque deben distinguirse de las demandas planteadas por quienes acudieron a la convocatoria ciudadana por el agua y contra los abusos policiales.
Persisten las diferencias sobre las detenciones del 11 de octubre
La movilización también exigió justicia por las detenciones ocurridas durante la primera protesta. Mientras las autoridades reportaron 39 personas arrestadas, el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC) documentó 52 casos que denunció como detenciones arbitrarias.
Tras las críticas por el operativo del 11 de octubre, el gobierno estatal informó que abrió una investigación interna contra 17 policías por su actuación durante la protesta. Las indagatorias buscan determinar si hubo un uso desproporcionado de la fuerza y establecer posibles sanciones.
CNDH y comisión estatal llaman a proteger el derecho a manifestarse
Ante la nueva convocatoria, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exhortó a las autoridades de Jalisco y del municipio de Guadalajara a respetar y proteger la libertad de expresión y el derecho a la manifestación, así como a evitar el uso innecesario de la fuerza.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco también anunció acciones de acompañamiento y observación para vigilar la actuación de las autoridades durante la movilización. Por su parte, el gobierno estatal desplegó un operativo con un centro de mando, corporaciones policiales, Protección Civil y servicios médicos.
A una semana de la primera protesta, el acceso a agua de calidad y la exigencia de responsabilidades por las presuntas agresiones policiales volvieron a reunir a habitantes de la zona metropolitana. La jornada también dejó nuevos cuestionamientos sobre la protección del derecho a la protesta y la necesidad de esclarecer los incidentes ocurridos en el centro de Guadalajara.
