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(19 DE OCTUBRE, 2026).-La Comisión Provincial por la Memoria reportó más de 550 personas que requirieron atención durante la movilización en Buenos Aires. El organismo denunció posibles delitos de abuso de autoridad y pidió investigar a los agentes, sus mandos y las autoridades políticas.
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó una denuncia penal contra autoridades del gobierno de Javier Milei y responsables del operativo de seguridad desplegado el jueves 15 de octubre frente al Congreso de Argentina, durante la quinta Marcha Federal Universitaria.
La movilización reclamó el cumplimiento de las demandas en defensa de la universidad pública y coincidió con una protesta contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023. De acuerdo con la CPM, la intervención de las fuerzas de seguridad excedió los límites legales para el uso de la fuerza.
La denuncia solicita investigar posibles delitos de estrago, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. El organismo también pidió determinar las responsabilidades de los efectivos que participaron en el operativo, sus superiores jerárquicos y las autoridades políticas a cargo.
Más de 550 personas requirieron atención, según la CPM
De acuerdo con los registros de la comisión, al menos 550 personas resultaron afectadas y requirieron atención durante el operativo. Entre ellas se encontraban alrededor de 50 trabajadores de prensa y 16 integrantes del equipo de monitoreo de la propia CPM.
El organismo contabilizó, además, el lanzamiento de más de 120 granadas de gas lacrimógeno, disparos de balas de goma y el uso de camiones hidrantes que arrojaron agua a presión contra manifestantes.
La comisión denunció que algunos disparos con postas de goma fueron dirigidos al rostro y la cabeza de las personas que participaban en la movilización. También señaló que el uso de gases y agua a presión afectó a manifestantes, periodistas y equipos que brindaban asistencia médica.
Según la CPM, la intervención policial interrumpió el desarrollo del acto central y obligó a adelantar su cierre debido a la presencia de gases lacrimógenos en la zona del escenario.
Periodistas heridos y detenciones durante la desconcentración
Entre los trabajadores de prensa afectados se encuentran el fotógrafo Guido Piotrkowski, de Página/12, quien recibió dos impactos en el tórax, y Laura Quispe, de TeleSISA, quien sufrió nueve impactos de balas de goma, según los reportes difundidos tras la movilización.
La jornada también dejó seis personas detenidas por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, entre ellas dos adolescentes de 14 y 17 años. Según la cobertura de los hechos, ambos fueron liberados posteriormente.
Organismos de derechos humanos también denunciaron la detención de una estudiante de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, presuntamente por portar una bandera de Colombia. Esta circunstancia debe ser investigada para determinar los motivos de la detención y si existió alguna vulneración de derechos.
La CPM exige identificar a los responsables
Como parte de la denuncia, la Comisión Provincial por la Memoria solicitó identificar a todo el personal que intervino en el operativo y obtener las órdenes transmitidas por radio, los registros audiovisuales y el detalle del armamento y los vehículos utilizados.
El organismo pidió que la recolección y el análisis de las pruebas queden a cargo de la Justicia, mediante peritajes independientes y sin intervención de las fuerzas denunciadas.
La investigación deberá esclarecer las circunstancias del operativo y determinar si existieron responsabilidades penales tanto entre los agentes que actuaron en el lugar como en la cadena de mando y las autoridades responsables de las decisiones de seguridad.
La denuncia se suma a las presentaciones realizadas por el propio gobierno argentino contra manifestantes por los incidentes registrados durante la jornada. Mientras esas acusaciones deberán ser examinadas por la Justicia, la CPM reclama que también se investigue el uso de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad.
