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(16 DE OCTUBRE, 2026).-La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó la solicitud del ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba, para revisar un recurso relacionado con el amparo que interpuso contra el tercer auto de formal prisión dictado en su contra el 25 de junio de 2025, por su presunta responsabilidad en delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La petición buscaba que el máximo tribunal del país interviniera en la impugnación de una resolución judicial que negó al exmandatario la suspensión definitiva para detener temporalmente los efectos del auto de formal prisión mientras se resuelve el juicio de amparo.
Sin embargo, la Corte determinó que la defensa de Yarrington no tenía legitimación para solicitar directamente que el asunto fuera atraído y señaló que ninguno de sus ministros manifestó su intención de hacer suya la petición. La determinación fue notificada el miércoles mediante los estrados electrónicos del tribunal.
Con esta resolución, el expediente quedó a cargo del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, que continuará con el análisis del recurso.
Yarrington gobernó Tamaulipas entre 1999 y 2004. En 2016 fue expulsado del Partido Revolucionario Institucional, en medio de señalamientos por presuntos actos de corrupción y otros delitos. En abril de 2017 fue detenido en Florencia, Italia, a petición de las autoridades mexicanas, que lo acusaban de delincuencia organizada y lavado de dinero. Posteriormente fue extraditado a Estados Unidos, donde también enfrentó cargos por operaciones financieras ilícitas.
En 2021 se declaró culpable ante la justicia estadounidense de conspiración para cometer lavado de dinero y, en marzo de 2023, recibió una condena de nueve años de prisión.
El 9 de abril de 2025 fue deportado a México y entregado a la Fiscalía General de la República en Tijuana, Baja California. Ese mismo día fue trasladado al penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México.
El auto de formal prisión impugnado es el tercero dictado contra el exgobernador en 2025. Los dos anteriores fueron emitidos el 16 de abril, por delitos contra la salud, y el 22 de mayo, por operaciones con recursos de procedencia ilícita.
