Portada: Redes
(15 DE OCTUBRE, 2026).-La nueva legislación contempla una cédula única para identificar inmuebles y una plataforma catastral municipal; la oposición cuestionó sus posibles efectos sobre el impuesto predial y las atribuciones de los municipios.
El Senado de la República aprobó la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral, que busca homologar, actualizar y vincular la información sobre los bienes inmuebles del país.
La legislación establece mecanismos de coordinación entre autoridades para facilitar el intercambio de información catastral y registral. El decreto fue aprobado el miércoles 14 de octubre y remitido al Ejecutivo federal para su publicación.
Cédula única y plataforma catastral municipal
Entre las principales disposiciones de la ley se encuentra la creación de una Cédula Única Catastral y Registral, que permitirá identificar cada inmueble y vincular su información con el folio real correspondiente en el Registro Público de la Propiedad.
El proyecto también contempla una plataforma catastral municipal para gestionar servicios, actualizar mapas, administrar información relacionada con el impuesto predial y habilitar pagos digitales. Además, establece modelos comunes para estos procedimientos.
De acuerdo con la senadora de Morena Margarita Valdez Martínez, la homologación de los registros permitirá contar con información más confiable sobre la propiedad, las características de los inmuebles y su situación registral, con el propósito de brindar mayor seguridad jurídica.
Oposición cuestiona posibles efectos sobre el predial
La aprobación de la legislación generó diferencias entre los grupos parlamentarios. Legisladores de oposición advirtieron sobre posibles consecuencias para el impuesto predial y cuestionaron si el nuevo marco podría afectar las atribuciones de los municipios.
Los promotores de la ley sostienen que su objetivo es modernizar y coordinar los sistemas de información inmobiliaria. La aplicación de sus disposiciones y sus efectos concretos dependerán del contenido definitivo del decreto y de su implementación por las autoridades competentes.
