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(08 DE OCTUBRE, 2026).-Organizaciones sindicales, políticas y sociales cuestionaron el fallo que dejó sin efecto la sentencia contra el DNU de Milei que derogó la Ley de Tierras Rurales.
Organizaciones sindicales, políticas, sociales y de derechos humanos se movilizaron este martes frente al Palacio de Justicia de Buenos Aires para cuestionar el fallo de la Corte Suprema que revocó la sentencia que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, impulsado por el gobierno de Javier Milei.
El artículo 154 derogó la Ley 26.737, conocida como Ley de Tierras Rurales, que establecía restricciones a la propiedad, posesión o tenencia de tierras rurales por parte de extranjeros.
La protesta fue encabezada por las dos vertientes de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), el Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad (FIT-U) y el Centro de Excombatientes Islas Malvinas (CECIM).
Organizaciones cuestionan el fallo de la Corte
La movilización cuestionó la decisión de los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
La Corte Suprema rechazó el amparo promovido por el CECIM al considerar que la organización no tenía legitimación para reclamar judicialmente la protección colectiva de la soberanía territorial.
Con la resolución, quedó nuevamente vigente la derogación de la Ley 26.737 dispuesta por el artículo 154 del DNU 70/2023. De acuerdo con Chequeado, esto significa que a nivel nacional dejaron de regir los límites que establecía la Ley de Tierras para la propiedad extranjera de tierras rurales.
El fallo, sin embargo, no declaró constitucional el artículo 154. La Corte aclaró que su decisión se limitó a determinar si el CECIM estaba legitimado para promover la acción y si existía un caso judicial que habilitara el análisis de fondo.
Reclaman al Congreso una respuesta
El secretario general de la CTA Autónoma, Hugo Godoy, y el dirigente de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, cuestionaron la decisión judicial y reclamaron una respuesta del Congreso.
Los dirigentes sostuvieron que la resolución facilita al Poder Ejecutivo la disposición del patrimonio nacional y expresaron su preocupación por los efectos que podría tener la derogación de las restricciones a la propiedad extranjera.
Por su parte, la diputada del FIT-U Myriam Bregman sostuvo que el pronunciamiento judicial retomó un tema que, según afirmó, el gobierno de Milei no logró resolver por la vía legislativa. La legisladora llamó a avanzar en la Cámara de Diputados contra el DNU 70/2023.
CECIM advierte sobre el control de territorios estratégicos
El CECIM, organización que promovió el amparo contra la derogación de la Ley de Tierras, también cuestionó que durante los más de dos años en que estuvo vigente la medida cautelar que suspendía el decreto no se alcanzara una solución legislativa definitiva.
Su referente Hugo Robert sostuvo que la discusión no se limita a la propiedad de los terrenos, sino que también involucra el control de zonas estratégicas vinculadas con recursos naturales.
Estas consideraciones corresponden a las organizaciones que participaron en la protesta y no forman parte de las conclusiones establecidas por la Corte en su fallo.
La Corte dice que no resolvió la constitucionalidad del DNU
Ante las críticas, la Corte Suprema aclaró que su resolución se limitó a una cuestión procesal: la legitimación del CECIM para solicitar una medida cautelar y promover la acción judicial.
El máximo tribunal sostuvo que no se pronunció sobre la constitucionalidad del régimen de tierras ni sobre la validez constitucional del artículo 154 del DNU 70/2023. También señaló que existen otras vías judiciales y legislativas para cuestionar la normativa.
La decisión revocó el fallo de la Cámara Federal de La Plata, que en marzo de 2024 había declarado inconstitucional el artículo 154 y posteriormente había mantenido suspendida su aplicación mediante una medida cautelar.
Diputados analiza el futuro del DNU 70/2023
El debate también se trasladó al Congreso. El Senado argentino ya había rechazado el DNU 70/2023, mientras que la Cámara de Diputados aún debe resolver su tratamiento.
Sectores de la oposición convocaron a una sesión especial en Diputados para el 15 de octubre con el objetivo de avanzar en el rechazo del decreto.
Mientras tanto, la decisión de la Corte reactivó la disputa política y judicial en torno a las restricciones para la adquisición de tierras rurales por capitales extranjeros y al alcance del DNU impulsado por el gobierno de Javier Milei.
