Portada: El Fisgón
(08 DE OCTUBRE, 2026).-La Habana cuestionó la incautación de 90 cargamentos destinados a Cuba, mientras Washington sostiene que las operaciones buscaban evadir sus sanciones contra la isla.
El Gobierno de Cuba acusó a Estados Unidos de cometer un acto de “piratería y pillaje” tras la incautación de más de 600 mil galones de biodiésel —unos 2.2 millones de litros— destinados a la isla.
El viceministro cubano de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cossío, cuestionó las medidas estadounidenses y sostuvo que la importación de combustibles por entidades estatales y privadas cubanas es legal conforme a la legislación nacional y al Derecho Internacional.
La declaración se produjo después de que autoridades estadounidenses anunciaran el miércoles la incautación de 90 cargamentos de biodiésel, valorados en alrededor de 2.8 millones de dólares y destinados a la empresa cubana ENETEC.
Washington retuvo 90 cargamentos en Florida y Texas
De acuerdo con autoridades del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, 71 de los cargamentos fueron retenidos en Port Everglades, Florida, y otros 19 en el Puerto de Houston, Texas.
El operativo comenzó en septiembre, cuando la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), mediante análisis de información comercial y de inteligencia, detectó los embarques con destino a ENETEC S.A., una empresa cubana sancionada por Washington.
José R. Figueroa, agente especial a cargo de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en Miami, afirmó que se trataba de un intento por evadir las sanciones estadounidenses y señaló que la investigación continúa.
Las autoridades estadounidenses no han identificado públicamente a los exportadores involucrados.
Washington sostiene que los envíos violaban disposiciones de la legislación estadounidense, incluidas normas de exportación y medidas vinculadas con el régimen de sanciones contra Cuba.
Cuba cuestiona las sanciones de Washington
Fernández de Cossío sostuvo que las operaciones para comprar, transportar, almacenar, distribuir y comercializar combustibles destinados a Cuba se encuentran dentro de la legalidad.
El funcionario también cuestionó las amenazas de represalias contra gobiernos, empresas exportadoras y transportistas que participen en operaciones comerciales de abastecimiento energético hacia la isla.
“Es ilegal hostigar e interceptar en aguas internacionales buques que transporten combustibles a Cuba, como es ilegal la piratería y el pillaje”, afirmó el viceministro.
La declaración cubana plantea así una controversia distinta a la explicación operativa ofrecida por Estados Unidos. Mientras La Habana cuestiona las restricciones y sostiene que sus compras de combustible son legales, Washington argumenta que los cargamentos retenidos estaban vinculados con una entidad sancionada.
ENETEC, la empresa señalada por Estados Unidos
Las autoridades estadounidenses identificaron a ENETEC S.A. como la compañía destinataria de los cargamentos.
La empresa fue sancionada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense en julio y es descrita por Washington como una entidad vinculada con el Gobierno cubano dedicada al comercio mayorista de combustibles y lubricantes.
Los funcionarios estadounidenses dijeron que documentos comerciales permitieron identificar a ENETEC como destinataria de los embarques. Sin embargo, las autoridades no han revelado públicamente quiénes eran los exportadores ni han detallado quién sería el usuario final del combustible.
El decomiso ocurre en medio de una crisis energética
La disputa ocurre mientras Cuba enfrenta una severa crisis energética, con apagones diarios, escasez de combustibles y problemas en sus plantas de generación eléctrica.
La falta de energía también afecta el transporte y el funcionamiento de servicios esenciales, mientras la población enfrenta escasez de alimentos, medicamentos y otros productos básicos.
Para el Gobierno cubano, las restricciones estadounidenses forman parte de una política de presión económica contra la isla. Washington, por su parte, sostiene que sus medidas buscan hacer cumplir sus sanciones y ha afirmado que no pretende interferir con el comercio legítimo ni con la ayuda humanitaria.
El nuevo decomiso se suma a otras acciones estadounidenses contra el suministro de combustibles hacia Cuba y profundiza la disputa entre ambos gobiernos sobre el alcance de las sanciones y la legalidad de las operaciones comerciales destinadas a la isla.
