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(08 DE OCTUBRE, 2026).-El canciller Francisco Pérez Mackenna sostuvo ante el Senado que la iniciativa impulsada por Donald Trump es una declaración política sin obligaciones jurídicas. Legisladores cuestionan su alcance en seguridad, economía y política exterior.
El canciller chileno, Francisco Pérez Mackenna, defendió este miércoles ante el Senado la adhesión de Chile al denominado Escudo de las Américas, iniciativa impulsada por el presidente estadounidense Donald Trump, y sostuvo que se trata de una declaración política que no genera obligaciones jurídicas para los países participantes.
“Los gobiernos declaran su intención, en ningún pasaje se contraen obligaciones jurídicas. El Escudo es una declaración política y no un tratado”, afirmó Pérez Mackenna durante la sesión especial del Parlamento.
La explicación del gobierno de José Antonio Kast, sin embargo, no ha cerrado el debate. Legisladores opositores cuestionan que la información difundida por la Cancillería chilena haya enfatizado la cooperación contra el crimen organizado, mientras la declaración conjunta publicada por Estados Unidos incorpora también compromisos de coordinación económica, seguridad y política multilateral.
El TIAR, uno de los principales puntos de controversia
Uno de los aspectos que más preocupación ha generado entre los parlamentarios es la referencia al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), vigente desde 1947.
La declaración conjunta plantea que los países participantes tienen la intención de solicitar al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) la convocatoria del Órgano de Consulta del TIAR para considerar una resolución sobre acciones colectivas frente a organizaciones calificadas como “narcoterroristas”.
El senador Gastón Saavedra cuestionó que un instrumento concebido como mecanismo de defensa colectiva sea utilizado en el combate contra organizaciones criminales transnacionales y advirtió sobre lo que consideró una posible “distorsión institucional peligrosa”.
A su juicio, ese enfoque podría desdibujar las funciones de las policías y las Fuerzas Armadas chilenas y abrir el riesgo de una eventual “subordinación operativa” frente a estructuras militares extranjeras. Los senadores Francisco Chahuán y Ricardo Lagos Weber también plantearon reparos sobre las implicaciones de recurrir al TIAR en este contexto.
La referencia al tratado, no obstante, no significa por sí misma que Chile haya autorizado una intervención militar extranjera en su territorio. La propia declaración establece que las acciones deberán realizarse de acuerdo con las obligaciones jurídicas nacionales e internacionales de cada país.
¿Qué incluye la declaración estadounidense?
La diferencia entre la comunicación del gobierno chileno y el documento publicado por Washington constituye otro de los puntos centrales de la controversia.
La Cancillería presentó el Escudo de las Américas como un marco voluntario de cooperación para combatir el crimen organizado transnacional, con herramientas como intercambio de información, análisis de datos, capacitación policial y coordinación fronteriza.
Pero la declaración conjunta del 22 de septiembre establece tres pilares: económico, de seguridad y de coordinación multilateral. En materia económica contempla explorar mecanismos para revisar inversiones, proteger las cadenas de suministro de minerales críticos y establecer criterios para proveedores confiables de infraestructura digital.
Para Chile, la referencia resulta especialmente relevante debido al peso estratégico de recursos como el cobre y el litio.
Estos componentes no ocuparon el mismo lugar en la explicación pública inicial de la adhesión chilena y son parte de los elementos que la oposición utiliza para cuestionar el verdadero alcance de la iniciativa.
Críticas a la política exterior de Kast
Las críticas también se han extendido a la autonomía de la política exterior chilena.
El senador Vlado Mirosevic acusó al gobierno de buscar una relación de subordinación con Washington en lugar de una coordinación entre Estados. Saavedra, por su parte, sostuvo que la adhesión puede vincular decisiones económicas y diplomáticas de Chile con la agenda de seguridad de Estados Unidos.
El gobierno de Kast rechaza esa interpretación. Desde Nueva York, el propio presidente había asegurado que el Escudo de las Américas no constituye un tratado y que no contempla operaciones militares estadounidenses en territorio chileno.
Pérez Mackenna defendió ahora la decisión ante el Senado bajo el argumento de que el crimen organizado transnacional requiere una respuesta coordinada entre países.
“Este fenómeno no respeta fronteras. Cuando una red es golpeada en un país, se reorganiza en otro”, afirmó el canciller.
La adhesión llega a la Contraloría
La controversia también se trasladó a la Contraloría General de la República.
Diputados de oposición presentaron un requerimiento para que el organismo determine si la incorporación de Chile al Escudo de las Américas corresponde realmente a una declaración política sin efectos jurídicos o si, por su contenido, constituye un acuerdo internacional que debió ser sometido al Congreso.
Los promoventes sostienen que el Ejecutivo presentó públicamente la iniciativa como una coordinación voluntaria contra el crimen organizado, pese a que el documento suscrito incluye materias económicas, de inteligencia, seguridad y coordinación multilateral.
“En este requerimiento estamos demostrando ante la Contraloría que el Escudo de las Américas es un tratado internacional encubierto”, afirmaron los legisladores.
Se trata, hasta ahora, de la posición de los parlamentarios. No existe en la información disponible una resolución de la Contraloría que determine que la adhesión sea efectivamente un tratado internacional.
¿Qué está en disputa?
Chile forma parte de los 15 países que suscribieron la declaración conjunta del Escudo de las Américas, promovida por la administración de Donald Trump. El gobierno de Kast sostiene que la adhesión constituye una expresión política de cooperación y que no implica cesión de soberanía ni autorización para operaciones militares.
La oposición, en cambio, cuestiona que el alcance del documento sea presentado únicamente como cooperación policial y exige transparentar sus implicaciones económicas, estratégicas y de seguridad.
El debate queda así concentrado en dos preguntas: qué alcance jurídico tiene realmente la declaración suscrita por Chile y hasta dónde pueden llegar los compromisos derivados de su participación en el Escudo de las Américas y del eventual uso del TIAR.
Mientras el Ejecutivo insiste en que se trata de una declaración política sin obligaciones jurídicas, sus críticos buscan que las instituciones chilenas determinen si el contenido del acuerdo exige una intervención formal del Congreso.
