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(02 DE OCTUBRE, 2026).-El Gobierno de Abelardo de la Espriella puso a consulta un proyecto que modifica el Decreto 003 de 2021 y amplía los supuestos para una intervención policial inmediata durante las movilizaciones.
El Ministerio del Interior de Colombia puso a consulta un proyecto de decreto que modificaría las reglas para la actuación de la Policía durante las protestas sociales. El borrador modifica el Decreto 003 de 2021 y establece nuevas condiciones para intervenir ante hechos violentos, delitos o afectaciones a terceros.
La propuesta todavía no está vigente. El Ministerio del Interior publicó el documento el 28 de septiembre y recibirá observaciones hasta el 4 de octubre de 2026.
¿Qué cambiaría el protocolo?
El proyecto mantiene el diálogo y la mediación como parte del esquema de actuación frente a manifestaciones pacíficas. Sin embargo, plantea que la Policía pueda intervenir de manera inmediata cuando se presenten hechos como presencia de armas, explosivos, objetos incendiarios, agresiones o destrucción de infraestructura.
En esos casos, la Policía Nacional tendría facultades para prevenir, contener y hacer cesar conductas punibles o actos violentos, proteger a las personas y restablecer las condiciones de seguridad y convivencia. Las etapas de diálogo continuarían aplicándose a quienes participan pacíficamente.
El borrador establece además distintos niveles de actuación que incluyen diálogo con autoridades territoriales y gestores de convivencia, contacto con los organizadores, articulación institucional, disuasión y, finalmente, restablecimiento del orden con participación de la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO).
El Gobierno sostiene que el nuevo esquema busca precisar las responsabilidades de las autoridades y garantizar simultáneamente los derechos de los manifestantes y de la ciudadanía afectada por hechos violentos o alteraciones del orden público.
Organizaciones cuestionan el alcance de la propuesta
Las críticas se concentran en el riesgo de que una ampliación de las posibilidades de intervención reduzca los controles sobre el uso de la fuerza durante las movilizaciones.
Organizaciones sociales y defensores de derechos humanos han relacionado estas preocupaciones con los hechos de violencia policial registrados durante el Paro Nacional de 2021, incluidos casos de lesiones oculares y otras denuncias sobre abusos cometidos durante las protestas.
El debate gira así en torno al equilibrio entre el derecho a la protesta, la movilidad y el mantenimiento del orden público. Para los sectores críticos, cualquier modificación del protocolo debe preservar mecanismos efectivos de mediación y controles sobre la actuación policial.
La propuesta sigue en consulta
El proyecto también ha generado cuestionamientos sobre algunos de sus alcances y sobre el periodo establecido para presentar observaciones ciudadanas.
Por ahora, ninguna de las disposiciones del borrador puede presentarse como una nueva regla vigente. El texto continúa en etapa de consulta pública y podría modificarse antes de su eventual expedición.
La discusión se produce mientras organizaciones sindicales, estudiantiles y sociales mantienen su defensa del derecho a la movilización y el Gobierno busca redefinir los protocolos para responder ante situaciones de violencia o afectaciones al orden público.
