Portada: Jerge
(30 DE SEPTIEMBRE, 2026).-Parlamentarios cuestionan que Cancillería presentara la adhesión como una coordinación voluntaria contra el crimen organizado, mientras la declaración difundida por Washington contempla asuntos económicos, minerales críticos, infraestructura digital y mecanismos de seguridad hemisférica.
La adhesión de Chile al denominado Escudo de las Américas llegó a la Contraloría General de la República. Cinco diputados opositores solicitaron al organismo revisar la legalidad de la incorporación del país a la iniciativa y determinar si los compromisos asumidos por el gobierno de José Antonio Kast debieron ser sometidos a la aprobación del Congreso.
El requerimiento fue presentado por los diputados Luis Cuello, Juan Santana, Daniela Serrano, Jaime Bassa e Irací Hassler. Los parlamentarios sostienen que el gobierno chileno comunicó la adhesión como un mecanismo voluntario de cooperación contra el crimen organizado, pero que el documento difundido por Estados Unidos contempla materias que excederían ese ámbito.
Una diferencia entre el comunicado chileno y la declaración de Washington
El 22 de septiembre, la Cancillería chilena informó que el país se incorporaba al Escudo de las Américas como un “marco de coordinación voluntaria entre gobiernos americanos” para combatir el crimen organizado transnacional.
Entre los beneficios señalados por el gobierno estuvieron el intercambio de información, sistemas de análisis inteligente de datos, capacitación de las fuerzas de seguridad y una mayor coordinación fronteriza. La Cancillería también señaló que cada Estado actuaría de acuerdo con sus obligaciones legales nacionales e internacionales.
Ese mismo día, el Departamento de Estado de Estados Unidos difundió una “Declaración conjunta sobre la defensa de la soberanía hemisférica”, suscrita por los países participantes.
El documento incorpora, además de la cooperación en seguridad, asuntos relacionados con inversiones, cadenas de suministro de minerales críticos, infraestructura y coordinación multilateral. Entre los minerales mencionados se encuentran recursos considerados estratégicos para las economías de la región.
Para los diputados que acudieron a la Contraloría, esta diferencia plantea dudas sobre el alcance de los compromisos asumidos por Chile.
Cobre, litio e infraestructura digital
Uno de los puntos señalados por los parlamentarios corresponde a la protección y diversificación de las cadenas de suministro de minerales críticos.
El planteamiento adquiere especial relevancia para Chile por su participación en los mercados del cobre y el litio, aunque la discusión jurídica planteada ante la Contraloría se refiere a si las disposiciones contenidas en la declaración generan compromisos que deban seguir procedimientos establecidos por la legislación chilena.
Los diputados también cuestionan las disposiciones relacionadas con proveedores e infraestructura digital, así como el intercambio de inteligencia y tecnología.
En su requerimiento, sostienen que estos asuntos no corresponden únicamente a una cooperación policial contra el crimen organizado, sino que involucran materias económicas, estratégicas y de seguridad.
El TIAR y la acción colectiva contra organizaciones criminales
Otro de los puntos que los parlamentarios consideran relevante es la referencia al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR).
La declaración difundida por Estados Unidos plantea solicitar al Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos la convocatoria del Órgano de Consulta del TIAR para considerar una resolución relacionada con una “acción colectiva” contra organizaciones calificadas como narcoterroristas.
La formulación expresa una intención de activar el mecanismo de consulta. No significa, por sí misma, que se haya autorizado una intervención militar ni que Chile haya comprometido automáticamente el despliegue de fuerzas. Un análisis jurídico difundido por un exfuncionario de la Cancillería chilena también advierte que la declaración no activa por sí sola el tratado y que cualquier participación militar debe considerar los procedimientos correspondientes.
Sin embargo, la referencia al TIAR incorpora una dimensión de defensa hemisférica que no aparece desarrollada en el comunicado mediante el cual la Cancillería chilena explicó la adhesión.
¿Es un tratado internacional?
La principal controversia jurídica consiste en determinar la naturaleza del instrumento al que Chile se incorporó.
Los diputados sostienen que no basta con denominarlo una coordinación voluntaria y argumentan que deben analizarse los compromisos que genera entre los Estados. Por ello, solicitaron a la Contraloría revisar tanto el procedimiento utilizado para incorporar a Chile como el contenido de los documentos asociados al Escudo de las Américas.
“En este requerimiento estamos demostrando ante la Contraloría que el Escudo de las Américas es un tratado internacional encubierto”, afirmó el diputado Luis Cuello.
Se trata, sin embargo, de la interpretación de los parlamentarios requirentes y no de una determinación jurídica ya establecida por la Contraloría.
La discusión sobre la “soberanía hemisférica”
Los legisladores también cuestionan el concepto de “soberanía hemisférica” utilizado en la declaración estadounidense.
En su presentación sostienen que la expresión podría interpretarse como una forma de soberanía colectiva o compartida entre los Estados, y la contrastan con el principio constitucional chileno según el cual la soberanía reside esencialmente en la Nación.
La Cancillería, por su parte, sostiene que la participación de Chile constituye un marco de coordinación voluntaria y que los Estados participantes mantienen sus respectivas obligaciones legales nacionales e internacionales.
¿Qué deberá revisar la Contraloría?
El requerimiento coloca en el centro de la discusión tres cuestiones: qué documento suscribió o aceptó Chile, qué obligaciones se desprenden de él y cuál es el procedimiento constitucional que corresponde para este tipo de instrumentos.
La controversia no se limita, por tanto, a la cooperación contra el crimen organizado. También alcanza el tratamiento de minerales críticos, la infraestructura digital, el intercambio de inteligencia y la eventual utilización de mecanismos hemisféricos de seguridad.
La Contraloría deberá pronunciarse sobre los aspectos planteados por los parlamentarios y, en su caso, determinar si la incorporación de Chile al Escudo de las Américas se ajustó al marco jurídico aplicable.
