Portada: Monero Pat
(29 DE SEPTIEMBRE, 2026).-A 12 años de la desaparición de los 43 normalistas, la FGR y Segob reportaron nuevos indicios sobre funerarias, teléfonos de estudiantes, Guerreros Unidos y videos presuntamente ocultados por funcionarios.
A 12 años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, autoridades federales presentaron cuatro nuevas líneas de investigación que apuntan hacia una funeraria de Iguala, el uso posterior de teléfonos de los normalistas, nuevos testimonios vinculados con Guerreros Unidos y el presunto ocultamiento de videograbaciones oficiales.
El informe fue presentado el 28 de septiembre por el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina Padilla, y Mauricio Pazarán Álvarez, titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA) de la Fiscalía General de la República (FGR).
La Fiscalía señaló que las nuevas líneas surgieron del reanálisis de documentos y registros telefónicos acumulados durante los 12 años de investigación. El objetivo es identificar nuevos indicios, reconstruir vínculos entre integrantes de Guerreros Unidos, policías, servidores públicos y personas relacionadas con funerarias, así como orientar nuevas acciones de búsqueda.
Funeraria El Ángel: restos humanos, hornos y documentos oficiales en blanco
Una de las principales líneas se concentra en la Funeraria El Ángel, en Iguala, Guerrero, cuyo propietario, Rodolfo “N”, también tenía la concesión del Servicio Médico Forense (Semefo) local y participación en la administración de un panteón.
De acuerdo con Pazarán, el análisis de comunicaciones permitió identificar llamadas entre el propietario de la funeraria e integrantes de Guerreros Unidos durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.
La investigación también estableció que, el 4 de octubre de 2014, Rodolfo “N” utilizó el teléfono que pertenecía al normalista Julio César Mondragón Fontes, cuyo cuerpo fue localizado el 27 de septiembre. Según la Fiscalía, este hallazgo reforzó la línea relacionada con las funerarias.
Durante los cateos fueron localizados restos humanos, fragmentos óseos, dos hornos crematorios y otro que, de acuerdo con las autoridades, habría operado clandestinamente, además de documentación relacionada con el manejo de cadáveres.
Los restos son analizados por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) a petición de las familias de los estudiantes. Hasta ahora, el hallazgo por sí mismo no permite establecer que esos restos correspondan a alguno de los 43 normalistas.
También fueron encontrados certificados de defunción, documentos de traslado de cadáveres y permisos de inhumación con sellos y firmas oficiales, pero sin la información que debía completarlos.
Pazarán señaló que esos documentos podrían haber permitido registrar una muerte violenta como natural, aunque la investigación todavía debe establecer quién proporcionó los formatos, si fueron utilizados y qué registros pudieron ser alterados.
El propietario de la funeraria y uno de sus familiares fueron detenidos, de acuerdo con los reportes sobre la investigación.
Los teléfonos de los normalistas, otra ruta de investigación
La segunda línea se concentra en los teléfonos celulares de los estudiantes.
La Fiscalía informó que al menos tres teléfonos pertenecientes a normalistas continuaron siendo utilizados después de los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014.
Uno de esos análisis derivó en una orden de aprehensión obtenida el 24 de agosto de 2026 contra un exservidor público de Iguala, investigado por delincuencia organizada y desaparición forzada.
Otro de los teléfonos fue utilizado posteriormente por un policía municipal cuya participación en los hechos se encuentra bajo investigación.
Un tercer aparato tuvo como usuaria posterior a la pareja del entonces juez de barandilla de Iguala, José Ulises Bernabé García, según la exposición de la Fiscalía.
Esta línea se relaciona con testimonios que ubican a al menos 17 estudiantes en la comandancia municipal, donde habrían sido presentados ante el juez cívico.
Para la Fiscalía, establecer qué ocurrió después de ese momento y a quién pudieron haber sido entregados los jóvenes es fundamental para reconstruir su recorrido.
Bernabé García se encuentra en Estados Unidos y las autoridades mexicanas han solicitado su extradición. Las comunicaciones y testimonios forman parte de las hipótesis de investigación; no constituyen por sí mismos una reconstrucción definitiva del destino de los estudiantes.
Un nuevo testimonio sobre Guerreros Unidos
La tercera línea parte de la declaración de un joven que tenía 14 años en 2014 y que, según la Fiscalía, pertenecía a Guerreros Unidos.
Su testimonio, presentado el 30 de julio de 2026, aportó ubicaciones que no habían sido consideradas previamente y otros elementos que, de acuerdo con Pazarán, fortalecen las investigaciones contra integrantes de esa organización.
La Fiscalía deberá contrastar esas declaraciones con el resto de las pruebas documentales, telefónicas, testimoniales y periciales.
Videos del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero
La cuarta línea investiga el presunto ocultamiento de videos captados por cámaras del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.
Según Pazarán, las nuevas diligencias permitieron reconstruir decisiones tomadas por funcionarios de alto nivel y llevaron a la detención de una expresidenta del Tribunal y una exvisitadora, ambas sujetas a proceso penal.
De acuerdo con la Fiscalía, las declaraciones de estas exfuncionarias, combinadas con otros elementos de investigación, contribuyeron a sustentar la detención del exgobernador de Guerrero Ángel Aguirre Rivero, ocurrida el 6 de agosto de 2026.
La FGR sostiene que Aguirre habría participado en el ocultamiento de información relacionada con el caso. Posteriormente fue vinculado a proceso por su probable participación en el delito de desaparición forzada, bajo la hipótesis de que ocultó información relevante para esclarecer el paradero de los estudiantes.
Las acusaciones y los procesos penales deberán resolverse conforme al debido proceso.
¿Qué papel tiene el Ejército en la investigación?
Durante la presentación, Arturo Medina informó que 17 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional se encuentran vinculados a proceso en relación con el caso y que se han librado 20 órdenes de aprehensión contra integrantes de la institución.
El funcionario también fue cuestionado sobre si el entonces secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, había sido citado a declarar, pero no respondió.
En cuanto a los documentos de los Centros Regionales de Fusión de Inteligencia (CRFI) solicitados por las familias, Medina reiteró la posición de la Secretaría de la Defensa Nacional: que la institución ya entregó toda la documentación del caso que se encuentra en su poder.
La afirmación mantiene abierta la controversia sobre los archivos que las familias y sus representantes consideran pendientes. La existencia y entrega de documentación de los CRFI ha sido un tema recurrente en la investigación desde años anteriores.
Nuevas detenciones y colaboración internacional
Las autoridades informaron que durante la administración de Claudia Sheinbaum se han realizado 30 detenciones relacionadas con el caso.
Además, anunciaron una ruta de colaboración con la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que propondrá especialistas internacionales para participar en esta nueva etapa de la investigación. Esta colaboración ya había sido anunciada previamente como parte del proceso de revisión del caso.
Doce años después, el destino de los 43 sigue sin esclarecerse
Las nuevas diligencias incorporan indicios sobre funerarias, registros telefónicos, posibles vínculos entre autoridades y delincuencia organizada y el presunto ocultamiento de evidencia.
Pero ninguno de estos elementos, por separado, resuelve todavía la pregunta central: qué ocurrió con los 43 estudiantes después de la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.
La investigación tendrá que determinar si los restos encontrados corresponden a alguno de los normalistas, reconstruir el recorrido de los jóvenes, establecer la participación individual de las personas investigadas y determinar quiénes participaron en los ataques y en el eventual ocultamiento de información.
A 12 años de los hechos, las cuatro líneas presentadas por la FGR abren nuevas rutas de investigación, pero sus hipótesis todavía deberán ser corroboradas mediante pruebas periciales, documentales y testimoniales y, en su caso, sostenerse ante los tribunales.
