Portada: Redacción
(23 DE SEPTIEMBRE, 2026).-La Colectiva de Mujeres de Eloxochitlán exige la admisión del recurso de revisión relacionado con el caso de Miguel Peralta Betanzos y que se resuelva la situación jurídica de 14 personas que permanecen exiliadas desde hace 12 años.
La extracción desmedida de material pétreo del río Xangá Ndá Ge impulsó a la comunidad de Eloxochitlán de Flores Magón —tierra natal de Ricardo Flores Magón— a defender el afluente; sin embargo, el enemigo al que se enfrentaban era un grupo político encabezado por Manuel Zepeda, junto a su hija, la dos veces diputada de Morena y extitular de la Secretaría de la Mujer en Oaxaca, Elisa Zepeda Lagunas.
El 14 de diciembre de 2014, durante una asamblea comunitaria para elegir autoridades comunitarias, se desató un enfrentamiento violento por la intervención de grupos vinculados al cacicazgo local de la familia Zepeda. El saldo fue de dos personas fallecidas y varios heridos.
Tras los hechos, las fiscalías y el aparato judicial del estado de Oaxaca emprendieron una ofensiva penal caracterizada por la fabricación de delitos de alto impacto, que derivó en 300 órdenes de aprehensión en 72 horas contra integrantes de la Asamblea Comunitaria de Eloxochitlán, entre ellos, el defensor Miguel Peralta Betanzos y Jaime Betanzos.
Algunos miembros de la comunidad, como Jaime Betanzos, Herminio Monfil y Fernando Gavito, pasaron casi una década encarcelados sin recibir una sentencia firme; otros fueron obligados al exilio de sus tierras, viviendo en la clandestinidad y el desplazamiento interno para evitar el encarcelamiento arbitrario.
Frente al encarcelamiento masivo de hombres y la clandestinidad de 14 exiliados, la defensa del territorio recayó en madres, hijas, esposas y hermanas, haciendo surgir así a La Colectiva de Mujeres de Eloxochitlán por la Libertad, quienes aprendieron a combatir en los juzgados, demostrando en tribunales de amparo que la Fiscalía de Oaxaca había fabricado carpetas de investigación y clonado declaraciones de testigos para mantener las órdenes de aprehensión contra miembros de la comunidad.
Gracias a esta lucha, en 2023 y 2024 Jaime Betanzos, Fernando Gavito y sus compañeros lograron salir de prisión para continuar sus procesos en libertad bajo medidas cautelares. Sin embargo, la justicia penal no les otorgó la absolución total, por lo que las causas penales siguieron abiertas y las órdenes de aprehensión contra las personas exiliadas continuaron latentes.
En el caso de Miguel Peralta Betanzos, fue detenido en 2015 y sentenciado a 50 años sin pruebas tangibles, absuelto años después por un amparo federal y posteriormente sujeto a un estira y afloja judicial, cuando tribunales locales intentaron revocar su absolución. En febrero de 2026, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Tercer Circuito resolvió favorablemente un amparo directo promovido por Peralta respecto de la acusación por tentativa de homicidio, considerando que determinados testimonios utilizados en su contra no podían ser confiables, por lo que se ordenó una nueva valoración del caso. Sin embargo, la resolución no significó automáticamente el cierre de todas las acusaciones contra Peralta.
Hoy, las mujeres de la comunidad mazateca de Eloxochitlán de Flores Magón mantienen un campamento frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desde la noche del 17 de septiembre, con la exigencia central dirigida a la oficina de la ministra Yasmín Esquivel: la admisión del recurso de revisión de la sentencia a favor del antropólogo mazateco Miguel Peralta Betanzos.
La llave jurídica para el retorno de 14 exiliados
La resolución que tome la ponencia de la ministra Esquivel sobre la revisión del amparo de Peralta Betanzos trasciende el caso individual. Al tratarse de las mismas carpetas de investigación (Causa Penal 02/2015), sustentadas en testimonios desacreditados por tribunales colegiados, la admisión en la SCJN suspendería de forma definitiva cualquier orden de reaprehensión contra el antropólogo y sentaría las bases para anular las 14 órdenes de captura que mantienen en el exilio y la invisibilidad a miembros de la comunidad de Eloxochitlán desde hace 12 años.
La Colectiva exige que se resuelva la situación jurídica de las 14 personas y que puedan regresar a Eloxochitlán sin riesgo de ser detenidas.
Solidaridad con integrantes de otras comunidades
Durante la instalación del campamento frente a la SCJN, la colectiva también ha expresado su solidaridad con otras comunidades, tal es el caso de Jesús Plácido Galindo, integrante del CIPOG-EZ y de las comunidades de la Montaña Baja de Guerrero, así como con integrantes de pueblos, barrios y comunidades indígenas de la Ciudad de México que también han sido víctimas de acoso y persecución política y jurídica.
De esta manera, las mujeres mazatecas buscan colocar en el centro distintas demandas de otras comunidades que denuncian procesos de criminalización por la defensa de sus territorios.
Además, enlazaron la discusión con la actual aplicación de la consulta de la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, al considerar que las condiciones de seguridad y de justicia que enfrentan actualmente las comunidades indígenas y las personas defensoras del territorio no garantizan que efectivamente se respete la identidad de las comunidades que habitan y defienden los territorios.
