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(17 DE SEPTIEMBRE, 2026).-El primer ministro israelí anunció dos iniciativas contra la supuesta difamación de militares, tras la polémica por el documental NAZA, premiado en Venecia.
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunció que su Gobierno impulsará dos iniciativas legislativas para endurecer las sanciones contra quienes sean considerados responsables de difamar a soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).
Una de las propuestas contempla la posibilidad de revocar la ciudadanía israelí en determinados casos, mientras que la segunda plantea multiplicar por 20 las indemnizaciones económicas derivadas de demandas por difamación.
Las iniciativas aún no son ley. Netanyahu las anunció en medio de la controversia provocada por NAZA, documental dirigido por los cineastas israelíes Yuval Abraham y Rachel Szor que aborda las operaciones militares israelíes en Gaza a partir de testimonios de integrantes de la Inteligencia militar.
Netanyahu vinculó públicamente sus propuestas con la película, a la que acusa de presentar a soldados y oficiales israelíes como “criminales de guerra”. También mencionó declaraciones realizadas en 2025 por el opositor Yair Golan, quien afirmó que “un país cuerdo no asesina bebés como pasatiempo”, aunque posteriormente se retractó de esas palabras.
El primer ministro llamó además a los integrantes de la Knéset que respaldan el sionismo a apoyar sus iniciativas.
La polémica por NAZA
El documental, dirigido por Yuval Abraham y Rachel Szor, recibió el Premio Especial del Jurado del Festival Internacional de Cine de Venecia el 12 de septiembre. La cinta reúne testimonios de 24 integrantes de las fuerzas de seguridad israelíes y examina los sistemas de inteligencia, vigilancia y selección de objetivos empleados durante las operaciones en Gaza.
Los testimonios presentados por los realizadores cuestionan la forma en que se toman determinadas decisiones de ataque y sostienen que las víctimas civiles habrían sido contempladas dentro de determinados procesos operativos.
Las Fuerzas de Defensa de Israel rechazan esas acusaciones. Según la posición expresada por el Ejército, las decisiones sobre los ataques corresponden a personal militar y no a sistemas de inteligencia artificial de manera autónoma, además de cuestionar la metodología del documental y la posibilidad de verificar los testimonios anónimos utilizados.
Netanyahu ha acusado a la película de difamar a militares israelíes y también la calificó públicamente como una forma de “incitación”. Los realizadores, por su parte, sostienen que documentar las declaraciones de militares israelíes sobre las operaciones en Gaza forma parte de su trabajo periodístico.
Presiones contra los realizadores
La controversia también ha provocado acciones y declaraciones de funcionarios israelíes contra Abraham y Szor.
El ministro de Cultura, Miki Zohar, había planteado previamente la posibilidad de retirar la ciudadanía de ambos realizadores y los acusó de “traición”. El jefe del Estado Mayor de las FDI, Eyal Zamir, informó que abogados militares estudiaban posibles medidas legales relacionadas con la película y sus responsables.
El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) condenó las amenazas y señaló que el Gobierno israelí no debe utilizar medidas relacionadas con la ciudadanía o demandas por difamación para castigar a periodistas por investigaciones sobre asuntos de interés público. La organización confirmó que las iniciativas anunciadas por Netanyahu todavía no se han convertido en ley.
La presión también se trasladó al entorno familiar de los cineastas. Según reportes de prensa, manifestantes se concentraron frente a la vivienda de los padres de Rachel Szor y algunos corearon consignas que pedían la “pena de muerte” para quienes consideran traidores.
El CPJ también informó que las oficinas de Sicha Mekomit, medio relacionado con investigaciones de Abraham y colaborador en los trabajos periodísticos que dieron origen a NAZA, fueron irrumpidas durante la escalada de hostigamiento.
Una disputa sobre libertad de expresión y actuación militar
El caso enfrenta dos posiciones contrapuestas.
Por un lado, Netanyahu y otros funcionarios israelíes sostienen que NAZA difama a integrantes de las FDI y presenta de manera distorsionada sus operaciones. Por otro, los realizadores y organizaciones de defensa de la prensa consideran que investigar y documentar las actuaciones del Ejército constituye una actividad periodística de interés público.
La controversia adquiere una dimensión adicional porque Abraham y Szor son ciudadanos israelíes que realizaron una investigación sobre las acciones de las propias fuerzas armadas de su país.
En paralelo, permanece vigente la orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional contra Netanyahu en noviembre de 2024. La CPI determinó entonces que existían fundamentos razonables para considerar su responsabilidad por presuntos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad relacionados con la situación en Palestina. Israel rechaza la jurisdicción y las acusaciones de la Corte.
El debate en torno a NAZA queda así situado entre la libertad de expresión, la protección de los militares frente a acusaciones que el Gobierno considera difamatorias y el escrutinio periodístico sobre las operaciones de Israel en Gaza.
