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(10 DE SEPTIEMBRE, 2026).-El presidente español atribuyó la desinformación sobre la crisis a redes vinculadas con Rusia e Israel y a grupos ultraderechistas de EU; documentos del CNI muestran avisos previos.
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, afirmó que la crisis migratoria registrada en Ceuta a finales de julio formó parte de un “ataque híbrido” destinado a polarizar a la sociedad, debilitar a las instituciones y desestabilizar la región.
En declaraciones al programa Mañaneros de RTVE, Sánchez señaló a “redes vinculadas con Rusia e Israel” y a think tanks ultraderechistas de Estados Unidos como participantes en la difusión y amplificación de desinformación relacionada con la crisis.
“Eso es una evidencia, es un hecho”, afirmó el presidente al referirse a la participación de esos actores. Sin embargo, estas acusaciones corresponden a la versión expresada por Sánchez y no deben presentarse como conclusiones establecidas por los documentos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
Documentos del CNI muestran avisos previos
La declaración de Sánchez ocurre un día después de que el Gobierno español desclasificara 40 documentos relacionados con la crisis migratoria.
Los documentos muestran que el CNI había advertido el 29 de julio a autoridades españolas y marroquíes sobre convocatorias en redes sociales para realizar una entrada masiva en Ceuta al día siguiente. Algunas de esas convocatorias tenían un alcance estimado de hasta 180 mil seguidores.
La información también fue transmitida a la Guardia Civil y a la Delegación del Gobierno en Ceuta.
El Gobierno de Sánchez sostiene, no obstante, que esas comunicaciones no constituyeron una alerta formal y que los servicios de inteligencia no pudieron anticipar la dimensión que tendría la movilización. El propio CNI señaló que había información sobre movimientos en redes, pero no una previsión de la magnitud y naturaleza que finalmente alcanzó el episodio.
La revelación de estos documentos abrió un nuevo frente político para el Ejecutivo, ya que la oposición sostiene que las autoridades sí contaban con información previa sobre el riesgo.
Sánchez plantea reforzar la respuesta ante “ataques híbridos”
El presidente español sostuvo que el Estado debe mejorar su preparación frente a este tipo de escenarios.
“Hay dos elementos en los que el Estado tiene que mejorar”, afirmó Sánchez: la preparación ante ataques híbridos y la capacidad de Ceuta y Melilla para afrontar las diferencias económicas y de oportunidades existentes a ambos lados de sus fronteras.
El mandatario también cuestionó la respuesta que, a su juicio, habrían planteado el Partido Popular y Vox ante la llegada masiva de migrantes y preguntó si un gobierno integrado por esas fuerzas “se hubiera liado a tiros” contra los migrantes, incluidos menores y niños.
La crisis provocó una respuesta europea
La Comisión Europea aprobó el 9 de septiembre 114.7 millones de euros de ayuda de emergencia para España destinados a gestionar la situación en Ceuta.
Los recursos proceden del Fondo de Asilo, Migración e Integración, con 82.7 millones de euros, y del Instrumento de Gestión de las Fronteras y Visados, con 32 millones.
La financiación permitirá reforzar la vigilancia y protección fronteriza mediante cámaras térmicas, sistemas de boyas flotantes y drones submarinos, además de aumentar el personal y los equipos disponibles. También contempla instalaciones para la gestión de migrantes, retornos y una mayor capacidad de acogida, especialmente para menores no acompañados.
La Comisión Europea también anunció el refuerzo de la asistencia operativa de Frontex, Europol y la Agencia de Asilo de la Unión Europea.
La crisis de Ceuta deja así abiertas dos discusiones paralelas: la capacidad de España para anticipar y responder a movimientos migratorios masivos y la existencia de posibles campañas de desinformación o injerencia extranjera. Mientras la primera cuestión cuenta ya con documentos oficiales desclasificados, las acusaciones específicas de participación de redes vinculadas con Rusia, Israel y grupos ultraderechistas estadounidenses requieren evidencia adicional para establecer responsabilidades.
