Portada: El Fisgón
(09 DE SEPTIEMBRE, 2026).-La presión sobre el combustible cubano, la política de Washington hacia Venezuela y el discurso antidrogas forman parte de una creciente disputa regional.
Durante más de seis décadas, Estados Unidos ha utilizado sanciones económicas, financieras y diplomáticas contra Cuba. Washington denomina “embargo” a estas medidas, mientras que el gobierno cubano las define como “bloqueo” debido a sus efectos sobre operaciones comerciales y financieras que involucran a terceros países.
El cerco comenzó a consolidarse después del triunfo de la Revolución cubana en 1959 y fue formalizado durante la administración de John F. Kennedy. Posteriormente, las leyes Torricelli, de 1992, y Helms-Burton, de 1996, ampliaron el alcance de las sanciones y reforzaron su dimensión extraterritorial.
Aunque Barack Obama impulsó un acercamiento diplomático con La Habana, el régimen de sanciones no desapareció. Posteriormente, la administración de Donald Trump volvió a endurecer distintas restricciones sobre Cuba.
2026: el combustible se convierte en un nuevo frente de presión
La política estadounidense alcanzó una nueva dimensión el 29 de enero de 2026, cuando Donald Trump firmó la Orden Ejecutiva 14380 y declaró que la situación relacionada con el gobierno cubano constituía una amenaza para la seguridad de Estados Unidos.
La orden estableció un mecanismo mediante el cual podrían imponerse aranceles adicionales a mercancías provenientes de países que suministraran petróleo a Cuba.
Más que establecer una prohibición directa para terceros países, el mecanismo utiliza el acceso al mercado estadounidense como instrumento de presión sobre gobiernos y empresas que mantengan operaciones petroleras con la isla.
La medida adquiere especial relevancia por la dependencia cubana de las importaciones de combustible.
De acuerdo con el embajador cubano Eugenio Martínez, Cuba produce alrededor de 30% del petróleo que necesita e importa aproximadamente 70%.
La disponibilidad de combustible tiene efectos sobre múltiples sectores: generación eléctrica, transporte, conservación de alimentos, producción agrícola, bombeo de agua y funcionamiento de hospitales.
Los cortes de electricidad y la crisis energética se han convertido así en uno de los principales puntos de presión sobre la población cubana.
Un debate sobre las consecuencias humanitarias
El gobierno cubano sostiene que las sanciones estadounidenses tienen efectos directos sobre la población civil.
En julio de 2026, México llevó ante Naciones Unidas su rechazo al bloqueo y sostuvo que sus consecuencias humanitarias eran cada vez más graves.
La discusión internacional sobre las sanciones contra Cuba se mantiene, por tanto, entre dos posiciones: Washington las presenta como una herramienta de presión contra el gobierno cubano, mientras La Habana y otros gobiernos cuestionan sus efectos sobre la población y reclaman su levantamiento.
Venezuela: el petróleo como pieza estratégica
La presión sobre Cuba también debe analizarse en relación con Venezuela, uno de sus principales proveedores históricos de hidrocarburos.
El 3 de enero de 2026, fuerzas estadounidenses realizaron una operación militar en Venezuela que terminó con la captura de Nicolás Maduro y su traslado a Estados Unidos junto con Cilia Flores.
La operación provocó cuestionamientos internacionales sobre el uso de la fuerza y la soberanía venezolana.
El secretario general de Naciones Unidas advirtió sobre las implicaciones de la operación para los principios fundamentales de las relaciones internacionales.
El episodio también reabrió el debate sobre los límites de la jurisdicción estadounidense y el uso de acusaciones penales para justificar acciones contra autoridades extranjeras.
Cuba y Venezuela: una relación energética
La relación energética entre Cuba y Venezuela convierte la política estadounidense hacia ambos países en un asunto estrechamente relacionado.
Venezuela ha sido durante años un proveedor fundamental de hidrocarburos para la isla. Cualquier reducción sustancial de esos suministros repercute sobre la capacidad cubana para generar electricidad, mantener el transporte y sostener otras actividades económicas.
Desde esta perspectiva, la presión sobre los proveedores de combustible de Cuba constituye uno de los elementos centrales de la disputa geopolítica alrededor de la isla.
El caso del “Cartel de los Soles”
La política estadounidense hacia Venezuela también ha estado acompañada por acusaciones relacionadas con el narcotráfico.
Desde 2020, autoridades estadounidenses han señalado a funcionarios venezolanos, incluido Nicolás Maduro, en investigaciones relacionadas con el tráfico de drogas y el llamado “Cartel de los Soles”.
Sin embargo, los documentos judiciales posteriores introdujeron cambios importantes en la manera en que la Fiscalía estadounidense describió esta estructura.
La acusación anterior hacía numerosas referencias al supuesto cartel y presentaba a Maduro como uno de sus dirigentes.
En una imputación posterior, el término apareció de manera mucho más limitada y fue descrito como una denominación asociada a un supuesto sistema de clientelismo y corrupción entre funcionarios.
El cambio no significa que la Fiscalía estadounidense haya declarado falsas todas las acusaciones contra Maduro ni que haya retirado los cargos relacionados con narcotráfico.
Lo que cambió fue la caracterización del llamado “Cartel de los Soles” como una organización criminal estructurada.
De la lucha antidrogas a la disputa geopolítica
Este cambio en el lenguaje judicial resulta relevante porque el argumento antidrogas ha ocupado un lugar central en la política estadounidense hacia Venezuela.
La cuestión de fondo es hasta qué punto las acusaciones de narcotráfico, las sanciones económicas, la presión sobre los suministros petroleros y las operaciones militares forman parte de una estrategia regional más amplia.
Desde una perspectiva crítica, estos acontecimientos pueden interpretarse como parte de una política destinada a limitar la autonomía de gobiernos latinoamericanos considerados adversarios de Washington.
Esa interpretación también ha sido vinculada con una recuperación de principios asociados históricamente con la Doctrina Monroe, bajo una visión de América Latina como espacio prioritario de influencia estadounidense.
El debate, sin embargo, trasciende la retórica diplomática: involucra soberanía, recursos energéticos, comercio internacional, seguridad y el derecho de los Estados latinoamericanos a establecer sus propias relaciones políticas y económicas.
Una disputa por energía, soberanía y recursos estratégicos
El bloqueo a Cuba, la presión sobre Venezuela y el uso del discurso antidrogas convergen en un escenario regional donde la energía vuelve a ocupar un lugar estratégico.
Para Washington, las sanciones y las alianzas de seguridad constituyen herramientas para enfrentar gobiernos y organizaciones considerados amenazas.
Para sus críticos, estas medidas forman parte de una política de presión que termina trasladando los costos de la confrontación a las poblaciones y limita la autonomía de los países latinoamericanos.
La disputa por Cuba y Venezuela, por tanto, no se reduce al conflicto entre gobiernos. También involucra el control de recursos estratégicos, las rutas energéticas y el margen de decisión de América Latina frente a Estados Unidos.
