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(08 DE SEPTIEMBRE, 2026).-La Fiscalía señala a Manuel Roberto y Fernando Farías como presuntos operadores de una red de contrabando de hidrocarburos ligada a aduanas y Marina.
La Fiscalía General de la República identificó a Manuel Roberto y Fernando Farías como presuntos operadores relevantes de una red dedicada al contrabando de hidrocarburos.
Según la FGR, la operación habría dependido del control de posiciones estratégicas dentro de aduanas marítimas y la Secretaría de Marina.
La fiscal Ernestina Godoy explicó que ambos hermanos habrían utilizado su influencia para asegurar la importación, transporte, almacenamiento y distribución del combustible ingresado ilegalmente al país.
La investigación apunta a funcionarios y aduanas
De acuerdo con la fiscal, Manuel Roberto “N” presuntamente intervenía en nombramientos, ascensos y movimientos de personal dentro de la Agencia Nacional de Aduanas de México y la Marina.
La organización, conocida como “Los Primos”, habría colocado o promovido funcionarios en áreas clave para garantizar el paso de cargamentos.
Durante un cateo a una bodega rentada por Manuel Roberto “N” en Ciudad de México fueron asegurados artículos de lujo, armas sin registro, listados de aduanas marítimas y expedientes de integrantes y altos mandos de la Marina.
También se localizaron documentos de seguridad nacional clasificados como reservados y confidenciales.
Combustible de Texas era declarado como aceite
Según la investigación, los cargamentos salían principalmente de Texas y llegaban a México declarados falsamente como aceites o aditivos.
La maniobra permitía modificar el tratamiento fiscal de la mercancía y evadir el pago correspondiente por la importación de hidrocarburos.
La FGR sostiene que funcionarios y agentes aduanales presuntamente recibían pagos por cada embarque autorizado.
Las inspecciones habrían sido simuladas mediante muestreos superficiales, alteración de volúmenes y otras maniobras.
Las pesquisas alcanzan cinco entidades
La investigación se extendió a Tamaulipas, Baja California, Colima, Sonora y Ciudad de México.
La FGR analiza la posible intervención de accionistas, representantes legales y enlaces relacionados con distintas etapas de la operación.
Godoy aclaró que las responsabilidades de servidores públicos deben determinarse de manera individual y no atribuirse a las instituciones en su conjunto.
“Quien usó un uniforme, un cargo público o una aduana para servir al crimen, responderá ante la justicia”, advirtió.
