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(31 DE AGOSTO, 2026).-En el marco del centenario de la Guerra Cristera, la obra entregada por la gobernadora Libia García reaviva la discusión sobre la laicidad del Estado.
El Gobierno del Estado de Guanajuato destinó 14.2 millones de pesos del erario público para la construcción de un arco de acceso, una explanada y obras complementarias en el Santuario de Cristo Rey, ubicado en el Cerro del Cubilete, como parte de los actos conmemorativos por los 100 años del inicio de la Guerra Cristera (1926-1929).
El proyecto fue inaugurado formalmente por la gobernadora Libia García Muñoz Ledo y el arzobispo de León, Jaime Calderón Calderón, con la asistencia de autoridades religiosas y representantes de los tres poderes de la entidad. Los trabajos incluyeron la instalación de iluminación, bancas, una cruz, atriles, placas informativas y áreas verdes en el complejo.
Durante el acto, la mandataria estatal defendió la asignación presupuestal al argumentar que la infraestructura contribuirá a detonar la actividad turística y económica en uno de los monumentos más visitados de la región. Por su parte, el arzobispo Calderón sostuvo que existe una clara separación entre la Iglesia y el Estado, pero que ambas instituciones pueden colaborar en favor del bien común.
Inversión turística frente al marco legal del Estado laico
La erogación de recursos estatales en un sitio de culto predominantemente católico generó opiniones encontradas en torno al principio constitucional de laicidad y la normatividad vigente.
Analistas y sectores críticos señalan que la obra podría entrar en tensión con el artículo 3 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, el cual establece de manera explícita que el Estado mexicano no puede otorgar concesiones, privilegios ni preferencias a religión alguna. Asimismo, el artículo 25 de dicha legislación fija limitaciones para la intervención y participación oficial de autoridades gubernamentales en actos públicos de culto.
El debate cobra relevancia al realizarse la obra en el contexto del centenario de la Cristiada, un conflicto armado histórico que, según cifras recordadas durante la misma ceremonia de inauguración, dejó un saldo estimado de 200 mil muertos. Mientras el Ejecutivo estatal sostiene que la intervención responde a una estrategia de desarrollo y promoción turística regional, la controversia se centra en los límites legales para financiar espacios de culto con impuestos de la ciudadanía.
