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(09 DE AGOSTO, 2026).-Un juez del estado de Nuevo México ordenó este jueves que Meta pague otros 567 millones de dólares por no haber advertido al público sobre los riesgos que sus plataformas representan para niñas, niños y adolescentes. Con esta resolución, la sanción total contra la empresa asciende a 942 millones de dólares, al sumarse a los 375 millones de dólares impuestos previamente en el mismo caso.
La decisión del juez Bryan Biedscheid constituye la mayor sentencia dictada hasta ahora contra Meta en materia de seguridad infantil. El magistrado determinó que las plataformas de la compañía representan un “perjuicio público”, al considerar que los daños psicológicos y la explotación sexual de menores generados por sus servicios afectan no solo a los usuarios, sino también a sus familias, escuelas, hospitales y autoridades.
En su resolución, Biedscheid comparó a Meta con una fábrica cuya producción genera contaminación. Señaló que, así como la contaminación del aire perjudica a la sociedad, los efectos de las plataformas digitales sobre los menores se extienden más allá de internet y alcanzan el mundo real.
Como parte del fallo, el juez ordenó que los 567 millones de dólares sean destinados a un fondo para reducir los daños causados por las plataformas. De ese monto, 420 millones de dólares financiarán programas de atención clínica y salud conductual para menores afectados, mientras que el resto se utilizará en acciones de prevención, capacitación y concientización para docentes, profesionales de la salud y otros sectores.
Además del pago económico, la resolución impone diversas medidas para reforzar la protección de menores en Facebook e Instagram. Entre ellas destacan:
- Impedir que cuentas de usuarios menores de 18 años sean recomendadas a adultos.
- Evitar que adultos puedan enviar mensajes a usuarios menores de edad.
- Prohibir el envío y recepción de imágenes con desnudos entre menores.
- Aplicar una política de una sola advertencia para adultos involucrados en explotación sexual infantil.
- Eliminar el contador de “Me gusta” para usuarios menores de 18 años.
- Bloquear las notificaciones entre las 22:00 y las 07:00 horas, así como entre las 08:00 y las 15:00 horas durante el ciclo escolar, excepto fines de semana.
- Establecer un límite obligatorio de 90 horas mensuales de uso acumulado en Facebook e Instagram para menores de edad.
De acuerdo con otras disposiciones del fallo, Meta también deberá eliminar las cuentas y la información personal de usuarios menores de 13 años, configurar automáticamente como privadas las cuentas de adolescentes de Nuevo México e impedir interacciones románticas o sexualizadas entre menores y los chatbots de inteligencia artificial de la empresa.
El caso deriva de una demanda presentada en 2023 por el fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, quien sostuvo que Meta creó un entorno que facilitó la exposición de menores a contenido sexual explícito y al contacto con depredadores sexuales.
Durante la primera fase del juicio, un jurado concluyó en marzo que Meta incurrió deliberadamente en prácticas comerciales “injustas y engañosas” y “abusivas”, al tiempo que determinó que sus algoritmos recomendaban contenido y contactos potencialmente dañinos a usuarios jóvenes, violando de forma reiterada la Ley de Prácticas Desleales de Nuevo México.
En esta segunda etapa, el tribunal resolvió que los daños provocados por las plataformas alcanzan el nivel de perjuicio público, una figura jurídica que aplica cuando un problema de salud o seguridad afecta de manera generalizada a la sociedad.
Meta anunció que apelará la decisión. En un comunicado, la empresa aseguró que mantiene medidas para proteger a los adolescentes y sostuvo que las acusaciones tergiversan los hechos.
“Nos esforzamos por mantener a las personas seguras en nuestras plataformas y hemos sido transparentes sobre las dificultades para identificar y eliminar a los usuarios malintencionados y el contenido dañino”, señaló la compañía.
La empresa enfrenta además miles de demandas similares en Estados Unidos y la próxima semana iniciará un nuevo juicio en California, donde cerca de treinta fiscales generales estatales la acusan de violar leyes de privacidad infantil.
