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(16 de julio, 2026).- La presidenta anunció que solicitará al Tribunal de Disciplina Judicial revisar la actuación de la jueza que lleva el proceso contra Brenda Quevedo y analizar posibles violaciones a sus derechos humanos.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que solicitará al Tribunal de Disciplina Judicial revisar la actuación de la jueza encargada del proceso penal contra Brenda Quevedo, acusada por su presunta participación en el secuestro de Hugo Alberto Wallace Miranda.
Durante su conferencia matutina, la mandataria señaló que también buscará que las autoridades competentes revisen el expediente para determinar si durante el proceso existieron posibles violaciones a los derechos humanos de la acusada.
Gobierno revisará el expediente
Sheinbaum informó que solicitará a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, en coordinación con la Secretaría de Gobernación y la Subsecretaría de Derechos Humanos, analizar el caso.
Asimismo, indicó que buscará que la Fiscalía General de la República (FGR) conozca los planteamientos de la defensa de Brenda Quevedo.
“Un llamado desde aquí al Tribunal de Disciplina Judicial para que pueda revisar este caso”, expresó la presidenta.
Un proceso que permanece sin sentencia
El caso está relacionado con la desaparición del empresario Hugo Alberto Wallace Miranda, ocurrida en julio de 2005 en la Ciudad de México.
Tras la denuncia presentada por su madre, Isabel Miranda Torres, las autoridades iniciaron una investigación por secuestro y asesinato en la que Brenda Quevedo fue señalada por su presunta relación con uno de los supuestos integrantes del grupo investigado.
Quevedo fue detenida en 2007, luego de que México solicitara su extradición desde Estados Unidos, y permaneció recluida durante aproximadamente 17 años en distintos centros penitenciarios federales.
Hasta la fecha, el proceso penal continúa sin una sentencia definitiva.
Defensa denuncia violaciones a derechos humanos
Durante el proceso, la defensa de Brenda Quevedo ha denunciado que fue víctima de tortura y abuso sexual, además de cuestionar las condiciones de su reclusión.
En junio de 2024, un juez autorizó que continuara su proceso bajo la medida de prisión domiciliaria.
Por otra parte, en 2020, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió una opinión en la que recomendó revisar la legalidad de su detención y planteó su liberación.
Con la solicitud anunciada por la presidenta, el Gobierno federal busca que las instancias competentes revisen tanto la actuación judicial como las posibles afectaciones a los derechos humanos denunciadas durante el proceso.
