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(13 de julio, 2026).- Un Grupo de Trabajo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU recomendó liberar de inmediato al expresidente de Perú, indemnizarlo e investigar posibles violaciones al debido proceso.
El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU concluyó que la detención del expresidente de Perú, Pedro Castillo, careció de fundamento legal suficiente y recomendó al Estado peruano ordenar su liberación inmediata, otorgarle una indemnización e investigar las posibles irregularidades cometidas durante el proceso iniciado el 7 de diciembre de 2022.
En un dictamen de 19 páginas, el organismo sostuvo que la privación de la libertad del exmandatario vulneró garantías del debido proceso y pudo contravenir diversos artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Nota: Las opiniones del Grupo de Trabajo de la ONU no son jurídicamente vinculantes, aunque constituyen recomendaciones especializadas en materia de derechos humanos dirigidas a los Estados.
La ONU cuestiona la legalidad de la captura
Los expertos señalaron que, al momento de su detención, Castillo aún conservaba el fuero presidencial, ya que el Congreso no había concluido el procedimiento constitucional para retirarle la inmunidad.
Asimismo, cuestionaron que la orden de captura fuera emitida por el Ministerio Público y no por una autoridad judicial independiente, al considerar que ello no cumplía con los estándares internacionales para autorizar una privación de la libertad.
El Grupo de Trabajo concluyó que la reparación adecuada incluye la liberación inmediata del expresidente y una compensación por las presuntas violaciones a sus derechos.
Señala posibles violaciones al debido proceso
El organismo también sostuvo que durante la destitución de Castillo y las primeras actuaciones judiciales se vulneraron garantías fundamentales.
Según el informe, el entonces mandatario no habría contado con tiempo suficiente para preparar su defensa antes de que el Congreso aprobara su destitución por incapacidad moral permanente.
Además, durante la audiencia en la que se le dictó prisión preventiva fue asistido por un defensor público que no eligió y que dispuso de poco tiempo para conocer el expediente.
A juicio del Grupo de Trabajo, estos hechos pudieron afectar derechos como la libertad, la seguridad personal, el debido proceso, el derecho a un juicio imparcial y la presunción de inocencia.
Pedro Castillo pide acatar el dictamen
Tras difundirse el informe, Pedro Castillo aseguró que el pronunciamiento confirma que fue víctima de una detención arbitraria.
“Fui objeto de una detención arbitraria mientras ejercía el cargo de presidente de la República”, escribió en redes sociales.
El exmandatario afirmó que las autoridades peruanas vulneraron su inmunidad presidencial y solicitó a las instituciones judiciales y a los organismos de derechos humanos cumplir la recomendación emitida por la ONU.
El contexto del caso
Pedro Castillo fue destituido el 7 de diciembre de 2022, después de anunciar la disolución temporal del Congreso, la conformación de un gobierno de excepción y la convocatoria a elecciones legislativas para impulsar una nueva Constitución.
Tras ese anuncio, el Congreso declaró su vacancia presidencial y el Ministerio Público ordenó su detención.
Desde entonces permanece privado de la libertad mientras enfrenta procesos penales por presuntos delitos, entre ellos rebelión, abuso de autoridad, corrupción y presunto liderazgo de una organización criminal.
El pronunciamiento del Grupo de Trabajo vuelve a colocar bajo escrutinio internacional la actuación de las instituciones peruanas durante la crisis política de 2022.
Al momento de la publicación de esta nota, no se cuenta con una respuesta oficial del Gobierno de Perú, del Poder Judicial o del Ministerio Público al dictamen de la ONU.
