Portada: Monero Rocha
(30 de junio, 2026).- La defensa de Brenda Quevedo sostiene que el expediente del caso Wallace contiene violaciones graves al debido proceso y pide el no ejercicio de la acción penal tras dos décadas sin sentencia.
El caso Wallace ha regresado al debate público tras las recientes resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que han reabierto la discusión sobre presuntas violaciones al debido proceso.
La abogada Karla Micheel Salas, defensora de Brenda Quevedo Cruz, sostiene que el expediente —que suma más de 170 tomos— evidencia un patrón de tortura, violaciones procesales y detención prolongada sin sentencia.
“El caso debería cerrarse de inmediato”, afirma la defensa
La litigante afirma que, si las autoridades actuaran conforme a derecho, el caso podría resolverse con el no ejercicio de la acción penal.
“Tendría que declararse el no ejercicio de la acción penal de inmediato”, señaló la abogada.
Quevedo Cruz es una de las seis personas procesadas dentro del expediente del llamado caso Wallace, abierto hace dos décadas.
Un expediente con “violaciones sistemáticas”
Salas describe el expediente como un conjunto de pruebas que, a su juicio, documentan violaciones graves a derechos humanos, incluida la presunta tortura sexual y tratos degradantes en prisión.
La defensora afirma que el contexto actual es distinto al de hace 20 años, debido a cambios en el marco jurídico y a nuevas resoluciones de organismos de derechos humanos.
Resoluciones recientes y cambio de narrativa institucional
La abogada destacó una recomendación reciente de la CNDH dirigida a la Fiscalía General de la República (FGR), en la que se retoman elementos del caso.
En el documento, según la litigante, se hace referencia al “caso Wallace” como un “supuesto secuestro y homicidio”, lo que abre —dice— una nueva interpretación institucional sobre el origen del proceso.
También sostiene que dicha recomendación reconoce posibles violaciones sistemáticas a derechos humanos y cuestiona la actuación de autoridades en el manejo de las denuncias.
El papel de la tortura en el proceso
Para la defensa, uno de los elementos centrales es la presunta tortura ejercida durante la investigación.
Salas afirma que las denuncias no fueron investigadas de manera adecuada y que esto invalida parte del proceso penal.
Posibles vías de resolución
El caso ahora está bajo la responsabilidad del juez electo Carlos Alberto Rico Mondragón.
La defensa considera que existen varias rutas legales posibles, entre ellas la revisión del expediente o incluso el no ejercicio de la acción penal, debido a la presunta existencia de tortura, la cual —señalan— no prescribe.
También plantea que la Fiscalía General de la República (FGR) o el Poder Ejecutivo podrían intervenir para revisar el caso.
Antecedentes internacionales
La defensa recuerda que el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU concluyó en 2020 que la detención de Brenda Quevedo carecía de base legal y solicitó su liberación.
Asimismo, cita precedentes como el caso de Nestora Salgado y la reapertura del caso de la defensora Digna Ochoa, impulsada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Conclusión de la defensa
Salas sostiene que el caso requiere una revisión integral:
“La respuesta estatal no fue esclarecer los hechos, sino fragmentarlos o archivarlos”, afirmó.
La defensa insiste en que debe investigarse la tortura con estándares de debida diligencia, perspectiva de género e independencia institucional.
