Portada: Monero Rapé
(29 de junio, 2026).- La Licencia General 60 permite temporalmente transacciones vinculadas con ayuda humanitaria y reconstrucción. Analistas y autoridades venezolanas sostienen que la medida evidencia las limitaciones que las sanciones impusieron a la respuesta ante la emergencia.
La decisión del Gobierno de Estados Unidos de flexibilizar temporalmente algunas sanciones económicas contra Venezuela tras los terremotos del 24 de junio abrió un nuevo debate sobre el impacto que esas restricciones han tenido en la capacidad del Estado venezolano para responder a emergencias.
Un día después del doble sismo, el Departamento del Tesoro emitió la Licencia General 60, una autorización que permite realizar determinadas transacciones financieras relacionadas con la asistencia humanitaria y las labores de reconstrucción.
Washington presentó la medida como un respaldo a la atención de la emergencia y expresó sus condolencias al pueblo venezolano.
¿Qué permite la Licencia General 60?
La autorización temporal facilita operaciones financieras vinculadas con actividades de ayuda humanitaria y reconstrucción que anteriormente enfrentaban restricciones derivadas del régimen de sanciones estadounidenses.
Para analistas y funcionarios venezolanos, esta excepción evidencia que determinadas operaciones relacionadas con la respuesta al desastre requerían una autorización específica para poder realizarse.
Más de una década de sanciones
Las sanciones económicas de Estados Unidos contra Venezuela comenzaron en 2015 y se ampliaron durante la administración del presidente Donald Trump.
Entre las medidas se incluyen restricciones financieras, bloqueo de activos, limitaciones para negociar deuda pública, sanciones contra PDVSA, restricciones al Banco Central de Venezuela y el congelamiento de bienes del Estado venezolano en territorio estadounidense.
Asimismo, se establecieron restricciones para empresas y personas de terceros países que mantuvieran relaciones comerciales con entidades venezolanas sancionadas.
De acuerdo con el Observatorio Venezolano Antibloqueo, Venezuela acumula más de mil sanciones impuestas por Estados Unidos durante la última década.
El impacto sobre la economía y los servicios públicos
El sector petrolero ha sido uno de los principales objetivos de las sanciones.
Funcionarios venezolanos sostienen que las restricciones redujeron significativamente los ingresos del Estado, afectando el financiamiento de programas sociales, infraestructura y servicios públicos.
También afirman que las dificultades para realizar pagos internacionales complicaron la adquisición de medicamentos, equipos médicos y otros insumos para el sistema de salud.
Debate sobre la respuesta a la emergencia
Diversos analistas consultados en el texto original consideran que la Licencia General 60 elimina de manera temporal obstáculos creados por el propio régimen de sanciones, aunque no representa un nuevo mecanismo de financiamiento para Venezuela.
Desde esa perspectiva, sostienen que la flexibilización evidencia el impacto acumulado de las restricciones sobre la capacidad institucional del país para enfrentar una emergencia de gran magnitud.
Hasta el momento, el Gobierno de Estados Unidos mantiene que la licencia tiene como objetivo facilitar las operaciones humanitarias y de reconstrucción derivadas de los terremotos.
