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(17 de junio, 2026).- La Corte avaló los plazos legales para entregar información durante investigaciones de competencia económica, aunque la revisión de la multa impuesta a la empresa sigue pendiente.
Ciudad de México.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó por unanimidad un amparo promovido por Google contra una disposición de la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE) que establece los plazos para responder requerimientos de información en investigaciones por posibles prácticas monopólicas.
Con esta decisión, el máximo tribunal confirmó la constitucionalidad del artículo 73 de la ley y respaldó las facultades de la autoridad de competencia para exigir información dentro de tiempos previamente establecidos.
Corte valida los plazos de respuesta
La resolución fue aprobada a partir del proyecto presentado por el ministro Irving Espinosa Betanzo.
El artículo impugnado establece que empresas y particulares cuentan con un plazo de diez días para entregar la información requerida por la autoridad investigadora. Además, permite una única ampliación de hasta diez días adicionales cuando la complejidad o volumen de los datos lo justifique.
Durante la discusión, los ministros concluyeron que la disposición es compatible con la Constitución y contribuye a garantizar investigaciones eficaces en materia de competencia económica.
Según el criterio aprobado, permitir prórrogas indefinidas podría obstaculizar las indagatorias y afectar la capacidad de las autoridades para detectar y sancionar conductas monopólicas.
El origen del litigio
El caso se originó a partir de una investigación iniciada en 2022 por la entonces Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), actualmente Comisión Nacional Antimonopolio (CNA).
La indagatoria analiza posibles prácticas monopólicas relativas en el mercado de procesamiento de pagos para aplicaciones móviles y contenido digital.
Como parte de la investigación, la autoridad solicitó información a Google en enero de 2025.
Después de agotarse el plazo legal y la prórroga prevista por la ley, la empresa solicitó una extensión adicional argumentando que el volumen de información requerida era considerable.
La petición fue rechazada y posteriormente se impuso una sanción económica de 2 millones 340 mil 979.74 pesos.
Google cuestionó la constitucionalidad de la norma
La compañía sostuvo que el artículo 73 de la Ley Federal de Competencia Económica no considera adecuadamente las diferencias entre los distintos tipos de requerimientos, al imponer un plazo uniforme para todos los casos.
En una primera etapa judicial, un juez federal negó el amparo respecto a la constitucionalidad del artículo, aunque dejó sin efectos la multa impuesta por la autoridad.
Posteriormente, el asunto llegó a la Suprema Corte para determinar si la disposición respetaba los principios constitucionales.
La multa aún será revisada
Aunque la SCJN confirmó la validez constitucional de la norma, el litigio no ha concluido.
Los ministros ordenaron devolver el expediente al tribunal colegiado correspondiente para que determine si el requerimiento de información y la multa aplicada a Google se ajustaron a derecho o si existieron irregularidades en su aplicación.
De esta manera, la Corte cerró el debate sobre la constitucionalidad de los plazos previstos en la legislación, pero dejó abierta la discusión sobre la legalidad de las actuaciones concretas realizadas durante la investigación.
