Portada: Monero Rapé
(16 de junio, 2026).- El embajador Ronald Johnson destacó la cooperación bilateral en seguridad, pero persisten reclamos del gobierno mexicano por solicitudes de extradición sin resolver.
Estados Unidos reporta la transferencia de 313 personas buscadas por México
El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, informó que autoridades estadounidenses han entregado a México a 313 personas requeridas por la justicia nacional como parte de los mecanismos de cooperación bilateral en materia de seguridad.
A través de una publicación en la red social X, el diplomático destacó recientemente la captura y entrega de un ciudadano mexicano acusado de delitos relacionados con prostitución de menores y agresión sexual, realizada por agentes de la Patrulla Fronteriza en la región del Valle del Río Grande.
Según Johnson, durante la administración del presidente Donald Trump se han concretado 313 transferencias de personas buscadas por autoridades mexicanas para enfrentar procesos judiciales en su país.
Washington destaca cooperación en seguridad
El embajador aseguró que estas acciones reflejan el trabajo coordinado entre ambos gobiernos para combatir a la delincuencia y fortalecer la cooperación en materia de justicia.
Sin embargo, no precisó el periodo exacto que abarca la cifra reportada ni aclaró cuántos de esos casos correspondieron a extradiciones formales y cuántos fueron resultado de otros mecanismos de entrega o deportación.
La distinción es relevante debido a que los procedimientos de extradición suelen implicar procesos judiciales más complejos y prolongados.
México reclama retrasos en extradiciones
Las declaraciones ocurren en un contexto de inconformidad por parte del gobierno mexicano respecto al avance de diversas solicitudes de extradición presentadas ante las autoridades estadounidenses.
En mayo pasado, funcionarios federales señalaron que varios expedientes continuaban sin resolverse.
De acuerdo con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores, entre enero de 2018 y el 13 de mayo de este año México promovió 269 solicitudes de extradición ante Estados Unidos. Durante ese periodo, ninguna habría sido concretada, mientras que 36 fueron rechazadas.
Casos de alto perfil siguen pendientes
Entre los expedientes mencionados por el gobierno mexicano se encuentra el del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien enfrenta acusaciones relacionadas con presunto uso ilícito de atribuciones y facultades, así como delitos vinculados con delincuencia organizada.
También permanecen abiertos casos relacionados con personas presuntamente vinculadas a la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
Las autoridades mexicanas han insistido en la necesidad de agilizar estos procedimientos para garantizar el acceso a la justicia.
El caso Sinaloa añade tensión al debate
La discusión sobre extradiciones y cooperación judicial cobró mayor relevancia después de los señalamientos surgidos en Estados Unidos contra diversos funcionarios de Sinaloa presuntamente vinculados con organizaciones criminales.
Entre los nombres mencionados se encuentra el de Rubén Rocha Moya, actualmente con licencia.
No obstante, la presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado que hasta ahora no se han presentado pruebas públicas que sustenten dichas acusaciones.
La mandataria también ha señalado que Estados Unidos suele exigir evidencia suficiente para procesar solicitudes de extradición promovidas por México, criterio que, sostuvo, debe aplicarse igualmente cuando las peticiones provienen de autoridades estadounidenses.
Cooperación y diferencias
La semana pasada, el recién designado embajador de México en Estados Unidos, Roberto Lazzeri, afirmó que el gobierno mexicano continúa a la espera de información que permita sustentar formalmente los señalamientos realizados contra funcionarios sinaloenses.
Mientras Washington destaca las entregas realizadas a México como muestra de cooperación bilateral, ambos países mantienen abiertos diversos expedientes cuya resolución continúa siendo objeto de diálogo diplomático y coordinación judicial.
El tema refleja uno de los principales desafíos de la relación bilateral en materia de seguridad: fortalecer la cooperación sin afectar los procedimientos legales y los estándares de prueba exigidos por ambos sistemas de justicia.
