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(15 de junio, 2026).- La ministra Loretta Ortiz propone que los delitos derivados de la tragedia de la Guardería ABC no prescriban cuando involucren violaciones graves a los derechos de niñas y niños.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirá esta semana un proyecto que podría abrir una nueva etapa en las investigaciones relacionadas con el incendio de la Guardería ABC, ocurrido el 5 de junio de 2009 en Sonora.
La propuesta, elaborada por la ministra Loretta Ortiz Ahlf, plantea que los delitos de homicidio y lesiones culposas por omisión cometidos contra niñas y niños no prescriban cuando estén vinculados con violaciones graves a los derechos de la infancia.
De ser aprobada, la interpretación podría permitir la continuación o ampliación de procesos penales contra exfuncionarios presuntamente relacionados con la tragedia, que dejó 49 menores fallecidos y 106 lesionados.
El proyecto plantea una excepción a la prescripción
Según el documento, los hechos registrados en la Guardería ABC trascienden el ámbito de los delitos ordinarios debido a la magnitud de las consecuencias y a las presuntas omisiones institucionales involucradas.
La ministra sostiene que el incumplimiento de obligaciones de protección y cuidado por parte de autoridades responsables constituyó una afectación grave a los derechos de la niñez, por lo que estos delitos no deberían extinguirse por el paso del tiempo.
El proyecto argumenta que la complejidad del caso y el impacto de sus consecuencias obligan a aplicar criterios especiales para garantizar la investigación y eventual sanción de los responsables.
El origen del caso en la Corte
La discusión surge a partir de un amparo promovido por Sergio Antonio Salazar Salazar, exdirector de Prestaciones Económicas y Sociales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
El exfuncionario fue detenido tras una denuncia presentada por el IMSS en 2020. Posteriormente fue vinculado a proceso por los delitos de homicidio y lesiones culposas por omisión en perjuicio de menores de edad y se le impuso prisión preventiva justificada.
El argumento de la defensa
En su demanda de amparo, Salazar Salazar sostuvo que la acción penal ya no podía ejercerse porque los delitos habrían prescrito en septiembre de 2019.
Sin embargo, un juez federal rechazó ese planteamiento en 2021 al considerar que, tratándose de delitos cometidos contra niñas y niños, la posibilidad de investigar y sancionar los hechos seguía vigente.
Posteriormente, un tribunal colegiado solicitó la intervención de la Suprema Corte, que decidió atraer el asunto en junio de 2024 para fijar un criterio de alcance nacional.
El interés superior de la niñez como eje central
La propuesta de la ministra Ortiz Ahlf coloca el principio del interés superior de la niñez en el centro del análisis.
De acuerdo con el proyecto, tanto la legislación mexicana como los estándares internacionales de derechos humanos obligan al Estado a garantizar el acceso a la verdad, la justicia y la reparación en casos de violaciones graves contra menores de edad.
Bajo esta interpretación, permitir que opere la prescripción podría limitar el esclarecimiento de los hechos y la posibilidad de sancionar a quienes resulten responsables.
¿Qué pasaría si la Corte aprueba el proyecto?
Si la mayoría de ministros respalda la propuesta, la SCJN no resolvería de manera definitiva la situación jurídica del exfuncionario.
El expediente sería devuelto al tribunal colegiado correspondiente para que emita una nueva resolución con base en el criterio fijado por la Corte y analice el resto de los argumentos presentados en el amparo.
Un posible precedente para otros casos
La decisión podría tener efectos más amplios que el caso particular de Sergio Antonio Salazar Salazar.
Si la Corte determina que estos delitos son imprescriptibles cuando están relacionados con violaciones graves a los derechos de la infancia, podrían mantenerse o ampliarse investigaciones y procesos penales contra otros exfuncionarios que no hayan sido juzgados previamente por la tragedia.
A más de 17 años del incendio que conmocionó al país, la resolución podría convertirse en un precedente relevante sobre acceso a la justicia, derechos de la niñez y responsabilidad del Estado.
