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(27 DE MAYO, 2026).-La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó el pasado 9 de abril una nueva Ley Orgánica de Minas que reemplaza dos marcos legales anteriores y abre la puerta a una mayor participación privada y extranjera en la explotación de minerales estratégicos del país.
La nueva legislación deroga el Decreto de Ley de Minas de 1999 y el Decreto de Reserva del Estado sobre minerales estratégicos de 2015, ambos impulsados durante el chavismo y caracterizados por restringir la inversión privada en sectores considerados estratégicos.
La reforma minera fue aprobada en un contexto de reconfiguración política y económica en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro durante una operación militar ordenada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el pasado 3 de enero, hecho que derivó en el ascenso de Delcy Rodríguez como presidenta encargada.
Una semana después de la aprobación parlamentaria, Rodríguez afirmó que la normativa busca avanzar hacia una “minería productiva, ecológica y al servicio del desarrollo de la Nación”.
Ley abre sector minero al capital privado
La nueva norma contempla la participación de empresas nacionales, extranjeras, públicas y privadas en actividades de exploración y explotación minera, además de ampliar los mecanismos de concesión y asociación en el sector.
De acuerdo con análisis jurídicos publicados por firmas internacionales, uno de los principales cambios consiste en permitir de manera explícita la entrada de capital privado y extranjero a la industria minera venezolana, particularmente en minerales estratégicos como oro, coltán y tierras raras.
La legislación también establece nuevas figuras regulatorias y reorganiza el marco institucional del sector minero.
Organizaciones alertan sobre impacto ambiental y derechos humanos
La aprobación de la ley provocó críticas de organizaciones civiles y ambientalistas, que consideran que la reforma podría profundizar la degradación ambiental en la Amazonía venezolana y en el Escudo Guayanés.
En un pronunciamiento firmado por 15 organizaciones, los colectivos advirtieron que la normativa podría dar “un barniz de legalidad al actual saqueo sistemático de la Amazonía y del Escudo Guayanés”.
Los grupos cuestionaron además la ausencia de mecanismos preventivos sólidos frente al daño ambiental y señalaron que la ley carece de garantías financieras suficientes para restauración ecológica, cierre de minas y manejo adecuado de residuos.
También denunciaron que el nuevo marco legal omite derechos fundamentales de pueblos indígenas asentados en zonas de explotación minera.
Cuestionan presencia militar en territorios extractivos
Otro de los puntos más criticados por las organizaciones civiles es la permanencia de estructuras militares dentro de las zonas extractivas.
Según el documento difundido por los colectivos, la presencia de fuerzas armadas en regiones mineras ha estado históricamente vinculada con violaciones a derechos humanos, corrupción y economías ilegales.
“La presencia militar en las minas ha estado históricamente asociada a la violación de derechos humanos, la corrupción y la creación de gobernanzas híbridas”, señala el pronunciamiento.
Diversos organismos internacionales y organizaciones ambientales han documentado durante los últimos años conflictos vinculados al Arco Minero del Orinoco, región rica en minerales estratégicos donde operan grupos armados, redes ilegales y actividades extractivas con fuertes impactos ambientales.
Minerales estratégicos y disputa global
La nueva legislación surge además en medio de una creciente competencia internacional por minerales estratégicos indispensables para industrias tecnológicas, energéticas y militares.
La disputa comercial entre Estados Unidos y China por el acceso a recursos críticos ha incrementado el interés geopolítico sobre territorios ricos en oro, coltán y tierras raras en América Latina y África.
Analistas consideran que Venezuela busca aprovechar ese escenario para atraer inversiones y reposicionarse como proveedor relevante de minerales estratégicos en el mercado internacional.
