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(18 DE MAYO, 2026).-La Central Obrera Boliviana y sindicatos mineros exigen respuestas ante la crisis económica y piden la renuncia del presidente Rodrigo Paz
La Central Obrera Boliviana, junto con sindicatos mineros, trabajadores públicos y organizaciones populares, mantiene una huelga general indefinida y bloqueos carreteros en distintas regiones de Bolivia, movilización que este viernes cumplió 12 días consecutivos.
Las protestas comenzaron a partir de un pliego con más de cien demandas laborales, económicas y sociales. Sin embargo, el movimiento se radicalizó luego de que sectores campesinos aimaras exigieran la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
Los manifestantes responsabilizan al gobierno de profundizar la crisis económica y de tolerar presuntos actos de corrupción, entre ellos la importación de combustible contaminado.
Bloqueos generan desabasto en La Paz
Las organizaciones sindicales mantienen cerrados varios de los principales accesos carreteros del país, situación que ha complicado el suministro de gasolina, diésel y alimentos, especialmente en La Paz.
Dirigentes obreros señalaron que las medidas buscan presionar al Ejecutivo ante lo que consideran una ausencia total de diálogo con los sectores movilizados.
La protesta provocó además el cierre de alrededor del 80 por ciento de las estaciones de servicio en La Paz debido al desabasto de combustibles.
También se reporta escasez de productos básicos, entre ellos carne de res y pollo, en distintas ciudades bolivianas.
Mineros endurecen movilizaciones
El dirigente de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, Benedicto Paí, afirmó que las protestas responden al abandono gubernamental y al deterioro económico que enfrenta el país.
Según explicó, las bases sindicales decidieron radicalizar las acciones debido a la falta de respuestas oficiales.
En paralelo, sindicatos mineros informaron que entre el 60 y 70 por ciento de sus agremiados comenzaron a trasladarse hacia la capital boliviana para reforzar las movilizaciones.
Gobierno acusa intentos de desestabilización
Frente al avance de los bloqueos, el gobierno boliviano respondió con acusaciones contra los sectores movilizados.
El vocero presidencial, José Luis Gálvez, sostuvo que detrás de las protestas existirían intereses de desestabilización política e incluso presuntos vínculos con el narcotráfico.
Las organizaciones sindicales rechazaron esos señalamientos y acusaron al gobierno de intentar desacreditar el movimiento social.
Además, autoridades bolivianas advirtieron sobre la posibilidad de utilizar fuerzas policiales y militares para liberar las carreteras bloqueadas, en medio de un escenario de creciente tensión social y política en el país.
