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(18 DE MAYO, 2026).-Organizaciones obreras y campesinas rechazan amenazas de desalojo y responsabilizan al gobierno de Rodrigo Paz por la crisis económica
La Central Obrera Boliviana, junto con sindicatos mineros, trabajadores públicos y organizaciones campesinas, advirtió que mantendrá la huelga general indefinida y los bloqueos carreteros en distintas regiones de Bolivia, movilización que ya supera los 12 días consecutivos.
Las organizaciones calificaron como un intento de criminalizar la protesta social las advertencias del gobierno sobre posibles operativos policiales y militares para liberar carreteras bloqueadas.
Los manifestantes sostienen que la administración del presidente Rodrigo Paz es responsable del deterioro económico, el desabasto y la creciente inestabilidad social que enfrenta el país.
Bloqueos continúan afectando combustibles y alimentos
Las protestas mantienen cerrados varios de los principales accesos carreteros de Bolivia, situación que ha complicado el suministro de gasolina, diésel y alimentos, especialmente en La Paz.
De acuerdo con reportes sindicales, cerca del 80 por ciento de las estaciones de servicio de la capital presentan problemas de abastecimiento debido a la interrupción del transporte de combustibles.
También se reporta escasez de productos básicos como carne de res y pollo en distintas ciudades del país.
Sindicatos realizan asamblea para definir nuevas acciones
En respuesta al aumento de la tensión política, los máximos dirigentes sindicales iniciaron una asamblea ampliada para evaluar nuevas medidas de presión y definir acciones ante una eventual intervención de fuerzas de seguridad.
Las organizaciones obreras y campesinas señalaron que las movilizaciones continuarán mientras el gobierno no atienda el pliego de demandas laborales, económicas y sociales presentado desde el inicio del conflicto.
Gobierno denuncia presuntos intentos de desestabilización
Por su parte, el gobierno boliviano acusó a sectores movilizados de promover acciones de desestabilización política e incluso de mantener presuntos vínculos con actividades ilícitas, señalamientos que fueron rechazados por los dirigentes sindicales.
El conflicto social ocurre en medio de una creciente crisis económica en Bolivia, marcada por inflación, problemas de abastecimiento y tensión política entre el gobierno y distintos sectores populares.
