Sheinbaum envía gabinete a Sinaloa y exige pruebas a EE.UU.

José Shaddai Olvera Torres
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Portada: Hernández

(04 DE MAYO, 2026).-La presidenta ordenó reforzar coordinación en seguridad tras la licencia de Rubén Rocha y cuestionó la falta de pruebas en la solicitud de extradición.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que instruyó al Gabinete de Seguridad federal a trasladarse a Sinaloa para reunirse con la gobernadora interina, Yeraldine Bonilla, tras la licencia solicitada por Rubén Rocha Moya.

El objetivo, explicó, es reforzar la coordinación entre el Gobierno federal y las autoridades estatales para garantizar la seguridad en la entidad.

Refuerzan coordinación en Sinaloa

La mandataria señaló que el encuentro busca ratificar los mecanismos de colaboración en materia de seguridad, en un contexto marcado por señalamientos desde Estados Unidos contra Rocha Moya por presuntos vínculos con el narcotráfico.

México pide pruebas a Estados Unidos

Sheinbaum indicó que solicitó a la Secretaría de Relaciones Exteriores requerir a la Fiscalía General de la República (FGR) revisar si existen elementos suficientes para atender la solicitud presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

“El planteamiento es claro: ¿por qué es urgente y qué pruebas existen?”, afirmó la presidenta.

Solicitud de detención, bajo revisión

De acuerdo con la mandataria, el caso se originó en una denuncia presentada en una corte del distrito sur de Nueva York.

Precisó que la petición corresponde a una solicitud de detención provisional con fines de extradición, mecanismo contemplado en el tratado bilateral entre México y Estados Unidos.

Diferencia clave en el proceso

El gobierno mexicano explicó que este tipo de solicitud requiere acreditar urgencia, es decir, demostrar riesgo de fuga u obstaculización del proceso.

Hasta ahora, las autoridades señalaron que esos elementos no han sido presentados, por lo que se solicitó información adicional.

¿Qué sigue en el proceso?

Una vez que se entreguen más pruebas, comenzará a correr un plazo de 60 días para que la FGR integre el expediente y lo presente ante un juez de control, quien determinará si procede la solicitud.

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