Portada: El Fisgón
(30 DE ABRIL, 2026).-El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, aseguró que los cargos penales presentados por autoridades estadounidenses contra funcionarios de Sinaloa forman parte de una estrategia conjunta con el gobierno mexicano para combatir la corrupción y las redes criminales transnacionales.
A través de un posicionamiento difundido por la Embajada de Estados Unidos en México, el diplomático señaló que tanto Washington como México mantienen el compromiso de fortalecer la transparencia, aplicar las leyes anticorrupción y defender el Estado de derecho.
“El combate a la corrupción y a la actividad criminal transnacional es una prioridad compartida […] Esto es lo que nuestros ciudadanos quieren y es lo que merecen”, expresó.
Señalamientos en medio de tensión bilateral
Las declaraciones ocurren en el contexto de la imputación presentada por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios, señalados por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
El caso ha generado tensiones entre ambos países, luego de que autoridades mexicanas cuestionaran la falta de pruebas contundentes en la solicitud de extradición y criticaran la difusión pública de información que debía mantenerse bajo reserva.
Cooperación y jurisdicción estadounidense
Johnson subrayó que la cooperación bilateral continuará enfocada en fortalecer instituciones, promover la rendición de cuentas y garantizar condiciones de seguridad y prosperidad en ambos países.
Asimismo, indicó que las autoridades estadounidenses seguirán investigando y procesando casos relacionados con corrupción y crimen organizado cuando exista jurisdicción legal para ello.
“La corrupción que facilita el crimen organizado […] será investigada y procesada en todos los casos en que aplique la jurisdicción de los Estados Unidos”, afirmó.
Relación basada en confianza
El embajador añadió que la relación entre México y Estados Unidos debe sustentarse en principios de confianza mutua, responsabilidad compartida y respeto al Estado de derecho.
Aunque evitó pronunciarse sobre detalles específicos del proceso judicial en curso en Nueva York, su posicionamiento refuerza la postura del gobierno estadounidense de mantener la presión sobre redes criminales con posibles vínculos en estructuras gubernamentales.
