Portada: Monero Hernández
(23 DE ABRIL, 2026).-Durante la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum reafirmó que la soberanía nacional “es inviolable” y subrayó que toda colaboración internacional en materia de seguridad debe apegarse estrictamente a la Constitución y a las leyes mexicanas.
La mandataria rechazó que exista una injerencia formal de Estados Unidos en México bajo el argumento de operaciones conjuntas, y atribuyó los hechos recientes a “una falta de un gobierno estatal”. En este contexto, anunció que enviará una carta a todos los gobernadores del país para recordar los lineamientos de la Ley de Seguridad Nacional en torno a la cooperación con agencias extranjeras, particularmente con las estadounidenses.
Sheinbaum también señaló que la embajada de Estados Unidos en México debe proporcionar información clara sobre lo ocurrido, al tiempo que cuestionó al gobierno de Chihuahua por su actuación. En específico, desmintió las declaraciones de la gobernadora María Eugenia Campos, quien aseguró que la Secretaría de la Defensa Nacional estaba al tanto de la presencia de agentes estadounidenses en operativos dentro de la entidad.
La presidenta insistió en que el acuerdo de entendimiento en materia de seguridad entre México y Washington debe respetarse, destacando que, bajo ese marco, la cooperación bilateral ha funcionado “muy bien”. No obstante, enfatizó que cualquier acción fuera de estos lineamientos constituye una violación a la legislación mexicana.
Ante cuestionamientos sobre un posible conflicto diplomático, Sheinbaum descartó una escalada con Estados Unidos. “Nosotros no queremos generar un conflicto”, afirmó, aunque reiteró que el respeto a la Constitución es innegociable.
Finalmente, la jefa del Ejecutivo sostuvo que se cuenta con mayor información sobre el ingreso de agentes estadounidenses al país, aunque indicó que por el momento no se darán a conocer más detalles. Recalcó que la defensa de la soberanía corresponde a toda la sociedad mexicana y subrayó que el caso no debe interpretarse como un asunto político, sino como una cuestión de legalidad y respeto al Estado de derecho.
